La Fiscalía solicita penas de seis años de cárcel para cada uno de los tres acusados de explotar un punto de venta de droga en La Palma y que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional en octubre de 2006, tras comprobar en las fechas precedentes que varios ciudadanos habían adquirido drogas en ese inmueble. El juicio se celebra este miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena.

El día 26 de octubre de 2006, sobre las siete de la tarde, agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Cartagena entraron en una vivienda de la calle Ombu, en La Palma (Cartagena), desmontando un garito de venta de estupefacientes. El balance fue de tres personas detenidos y se incautaron elementos para la elaboración y distribución de drogas, junto a 570 gramos de marihuana, 10 gramos de hachís y 20 de cocaína, que hubiesen alcanzado un valor de unos dos mil euros en el mercado ilícito.

Esa operación policial fue el resultado de un dispositivo de vigilancia llevado a cabo sobre el inmueble entre los días 7 y 13 de octubre, que dio como resultado la aprehensión de drogas a diferentes personas que habían comprado en el interior de la vivienda. Las investigaciones comenzaron cuando los agentes de Comisaría descubrieron que estas personas mantenían contacto con otras de Cartagena relacionadas con el narcotráfico.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, quedando dos en situación de libertad con cargos mientras el tercero ingresaba en el centro penitenciario de Sangonera.

 

Juzgado: Sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena. Miércoles día 17 de febrero, a las diez de la mañana. Los ciudadanos pueden asistir en sala a ver el desarrollo del juicio al ser audiencia pública.

Delito: Contra la Salud Pública (elaborar, despachar, suministrar o comerciar con sustancias nocivas para la salud).

Acusados: José G. M. (36 años), Tania R. A. (27 años) y Pedro S. M. (35 años). Tienen antecedentes penales no computables en esta causa.

Petición de penas: 6 años de cárcel a cada uno y multa de 6.000 euros reclama la Fiscalía, mientras que los abogados Juan Francisco Pérez Avilés, José María Caballero y María Pilar Ros Mateo piden que sus clientes sean absueltos.