El escaso tiempo complica las denuncias por insultos o injurias en Internet

Las denuncias que se presentan por parte de aquellas personas que se sienten injuriadas o insultadas en Internet son consideradas faltas, por lo que la Ley establece que prescriben a los seis meses. En el caso de Internet, ese tiempo para el proceso judicial y la investigación de la Policía Nacional es muy escaso y el riesgo de prescripción muy elevado.

La sentencia publicada por 'www.cartagenadeley.com' respecto a la denuncia del edil socialista Manuel Torres saca a la luz que la Ley debe adaptarse a los nuevos tiempos y que no es lo mismo un supuesto insulto verbal en una discusión personal que el que se comete en la Red. Seis meses parece un tiempo muy escaso para que se desarrolle el proceso judicial y la investigación policial, poniendo en alerta al menos a seis personas más que, según conoce esta redacción, tienen presentadas denuncias por haberse sentido ofendidas en diferentes foros o a través de correos electrónicos.

En el caso de la reciente sentencia hay dos casos en los que las denuncian se han archivado por haber prescrito. Si se analizan las fechas se entiende ese escaso tiempo. Ambas fueron presentadas el 5 de noviembre de 2008 en Comisaría, quien dio traslado a Instrucción número 1, que el 17 de diciembre se inhibió en favor de Instrucción número 4 y es el 16 de febrero de 2010 cuando tiene entrada en ese juzgado. El auto judicial que inicia la investigación en el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional tiene la fecha de 19 de febrero y los informes policiales que identifica a los supuestos autores son recibidos por el juzgado los días 17 de julio, en un caso, y uno de agosto, en el otro.

El juez considera que se empezó a contar el 17 de diciembre de 2008, fecha en que fue incoada la causa, y que en esta causa no han afectado la sobrecarga del trabajo judicial ni la saturación de la agenda.

Es evidente que la Ley que marca las pautas de actuación de los jueces no es realista en estos 'casos del siglo XXI', pues cuando el asunto entra en el juzgado que llevará la instrucción ya habían transcurrido dos meses y quedan menos de cuatro para una investigación policial que precisa una ardua labor hasta localizar la dirección IP, que es el número que identifica de manera lógica y jerárquica a un ordenador dentro de una red que utilice el protocolo IP ('Internet Protocol').

Como en otros muchos casos, la Ley deberá adaptarse a los nuevos tiempos y sus circunstancias, evitando así que el trabajo de juzgados y policías quede, en ocasiones, en tiempo perdido.

 

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