Siete trabajadores de una empresa de suministros y servicios de la construcción podrán cobrar parte de lo que les correspondía por sus despidos gracias a las sentencias en firmes emitidas por el juez de Lo Social, que les permitirán cobrar del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), en una historia en la que el empresario que les entregó la carta de despido vendió sus participaciones a una sociedad insolvente y con un domicilio de La Puebla que no existe.

Siete buenos profesionales, alguno con más de 35 años de antigüedad, fueron recibiendo las cartas de despido durante el mes de mayo de 2009. En unos casos era como despido improcedente (corresponde 45 días por año trabajado) y en otro alegaba el empresario no haber conseguido los objetivos (20 días por año). Les dijeron que habían depositado dinero para esas indemnizaciones, pero no era cierto. Entonces, contrariados, buscaron el asesoramiento legal del Despacho Victoria/G. Ortega Abogados.

El propietario vendió las participaciones de la sociedad a otro empresario, que resultó ser insolvente y tener como domicilio en La Puebla una dirección inexistente. Según las víctimas, que han pasado en este tiempo problemas económicos, ese nuevo dueño había utilizado la fórmula de adquirir empresas en crisis en otras dos ocasiones.

Finalmente se celebró el juicio en Cartagena, con Mercedes García Ortega como letrada de los trabajadores. También acudió el ex dueño de la empresa, quien justificó con una escritura que esa entidad ya no era suya. Las sentencias fueron favorables a los siete despedidos, pero faltaba que fuesen firmes para poder acudir a Fogasa, lo que finalmente se ha conseguido, aunque los trabajadores sólo podrán percibir un 40% del dinero que les correspondería por los despidos que sufrieron.