No podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro

La Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, establece un marco regulatorio a nivel estatal que ampara a las entidades del tercer sector de acción social de acuerdo con el papel que deben desempeñar en la sociedad y los retos que han de acometer las políticas de inclusión, entre las medidas de fomento de las entidades del Tercer Sector contempladas en la ley, destacan las destinadas a promover la inclusión social de las mujeres y hombres con discapacidad así como dinamizar la participación de mujeres en general, estableciendo a su vez como principio sector la igualdad entre mujeres y hombres.

El Capítulo V de esta norma, sobre órganos de participación, recoge el papel del Consejo Estatal de ONG de acción social, concebido como ámbito de encuentro, diálogo, participación, propuesta y asesoramiento en las políticas públicas, así como el de la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, que tendrá entre sus objetivos, colaborar, cooperar y dialogar de manera permanente con el Ministerio que tenga a su cargo la competencia en materia de servicios sociales. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género participa en esta Comisión con el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres.

El Gobierno tiene previsto aprobar, en el plazo de 12 meses, desde la entrada en vigor de esta Ley, un programa de impulso de las entidades del Tercer Sector de Acción Social. Una de las medidas contempladas en este programa se centra en potenciar los mecanismos de colaboración entre la Administración General del Estado y las entidades del Tercer Sector para el desarrollo de programas de inclusión social de atención a las mujeres y hombres con discapacidad.

Por su parte, el artículo 5 de la Ley del Voluntariado, aprobada el 14 de octubre, incluye entre los valores que deben inspirar la acción voluntaria, la accesibilidad de las personas con discapacidad, de las personas mayores y de las que están en situación de dependencia.

Asimismo, el artículo 8.5 establece “que no podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos. Esta circunstancia se acreditará mediante una declaración responsable de no tener antecedentes penales por estos delitos”.

El 16 de octubre tuvo lugar en el salón de actos de la Fundación ONCE, en Madrid, el acto de inauguración del Máster en Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, organizado conjuntamente por la Fundación Derecho y Discapacidad y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con la finalidad de formar a futuros profesionales para que puedan ofrecer una atención adecuada a las personas con discapacidad.

El acto de inauguración se abrió con la bienvenida del Rector Magnífico de la UIMP, César Nombela Cano, seguida de la intervención de los directores del Máster, Esperanza Alcaín y Rafael de Lorenzo, quienes destacaron la gran acogida del Máster al contar con 20 alumnos de diferentes disciplinas y diversas Comunidades Autónomas.

Por su parte, Isabel Martínez, comisionada de la Fundación ONCE para Universidades, Juventud y Planes Especiales, destacó la importancia de un máster de estas características que en su modalidad semipresencial implica un verdadero compromiso por parte del alumnado con el colectivo de personas con discapacidad.

En su intervención, Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI) y presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad, recordó que “las personas con discapacidad estamos lejos de los niveles admisibles de derechos, de inclusión y de bienestar social. Es una tarea demasiado tiempo pendiente, y esta ingente tarea que tenemos por delante, significa que hay generar conocimiento y hay que generar cualificación y formación”.

Por último, el rector magnífico de la UIMP D. Cesar Nombela Cano destacó que “la formación en este terreno es igualmente importante que el compromiso, no nos bastaría con decir que tenemos que atender a la discapacidad y que tenemos que reconocer los derechos de quienes en algún momento llegan o podernos llegar a situaciones de este estilo, sino que además tenemos que hacerlo bien, siendo eficaces y aplicando las máximas capacidades y la máxima inteligencia”.

Solo añadir que el sábado 17 y desde las nueve a las catorce horas, el ponente Pablo Cobo trató extensamente sobre la Ley de la Dependencia y su reforma.

Por último, y por si a alguien pudiera interesarle, comunicar que el plazo de matrícula sigue abierto, aunque se cerrará en breves fechas.