El Gobierno regional y el CERMI Región de Murcia han acordado la nueva Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia, que tiene un carácter ‘transversal’, ya que reconoce las discapacidades de tipo sensorial, físico y psíquico.

Así lo ha hecho saber el consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, quien ha presentado el nuevo texto a usuarios, asociaciones y entidades de personas con discapacidad acompañado por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, y la presidenta de CERMI, Pilar Morales.

A la hora de llevar a la práctica la Ley, Bernabé ha explicado que los edificios tendrán que tener unas señales luminosas para que las personas sordas puedan percibir cualquier tipo de anomalía, y que existan mecanismos auditivos para alertar también a las personas con discapacidad visual.

En definitiva, Bernabé explica que se trata de "dar un paso más" y trasladar a todos los ámbitos lo que "ya tenemos asumido a nivel de discapacidad física, con la instalación de rampas y ascensores especiales. El objetivo es que el resto de discapacidades "se vean igualmente reconocidas".

De hecho, la directora general de Ordenación de Territorio, Arquitectura y Vivienda, Nuria Fuentes, ha explicado que la nueva Ley no contempla solo medidas de accesibilidad en edificaciones, sino también en transportes, en los parques públicos, en servicios de telecomunicaciones, en la sociedad de la información, en empleo, en patrimonio histórico o cultural y en empleo, por ejemplo.

Después de una serie de "vicisitudes y problemas" en la tramitación de la Ley de Accesibilidad Universal, Bernabé ha dado a conocer el acuerdo alcanzado con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para que la Ley, que es "pionera" a nivel regional, sea ya "una realidad".

Según el consejero, esta Ley contempla la accesibilidad "no solo desde el punto de vista físico, sino también "sensorial", por lo que quedan "perfectamente reconocidas, integradas y puestas en valor" las discapacidades de tipo visual o auditivo, por ejemplo, con el fin de que "todos tengamos los mismos derechos y oportunidades.

Los consejeros y representantes del CERMI en la presentación del proyecto

Calendario de actuación
"No se conoce un texto igual en todo el territorio nacional y Murcia va a ser pionera en ponerlo en marcha", ha subrayado Bernabé, quien ha explicado que la Ley será sometida de nuevo al Consejo Económico y Social (CES), que lo dictaminó de forma negativa a principio de este año, con el fin de recabar su visto bueno definitivo.

A continuación, el texto será sometido al dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y Bernabé cree que el Consejo de Gobierno podrá aprobar definitivamente el proyecto de ley en Primavera para remitirlo a la Asamblea Regional.
En este sentido, Bernabé ha remarcado que la accesibilidad tiene que tener ese carácter "universal y transversal" para que "cualquier persona, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial, tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades y está en pie de igualdad con el resto de los seres humanos".

Este reconocimiento debe hacerse extensivo a "todos los ámbitos de la vida", tanto en el doméstico, como el familiar, el profesional y el de la vida pública. Además, deben imponerse "las obligaciones correspondientes a las administraciones y a los agentes privados para que cumplan esa normativa".

Para ello, el texto prevé que, a partir de su aprobación, habrá un periodo de un año para aprobar los reglamentos de desarrollo, que ya se han trabajado con cinco consejerías distintas, además de la de Fomento. Bernabé dice que el objetivo es que el horizonte es tener ya aprobado "todo el texto legislativo" para poner en marcha todas las medidas.

Precisamente, la presidenta del CERMI, que ha agradecido al Gobierno regional el trabajo realizado, ha emplazado a las administraciones públicas a "alcanzar convenios con los servicios jurídicos o con quien haga falta" con el fin de completar su tramitación "cuanto antes". De hecho, les ha pedido que empiecen a trabajar ya en el reglamento.

El Gobierno ha aprobado una norma que regula las periciales que realizan los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) en accidentes de circulación, de manera que a partir del uno de enero los informes sobre daños corporales serán gratuitos para los perjudicados.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al real decreto que regula la elaboración de pericias por parte de los IMLCF a petición de particulares en los casos de reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor.

Este real decreto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2016 y se aplicará a los accidentes que tengan lugar a partir de esa fecha, supone la incorporación de un nuevo mecanismo para lograr una solución rápida, segura y efectiva en aquellos siniestros en los que se produzca un daño corporal indemnizable, explica el Ministerio de Justicia en un comunicado.

La norma desarrolla la ley de 2015 que ofrece una vía alternativa a la judicial civil para que los perjudicados y las compañías de seguros puedan llegar a un acuerdo sobre la indemnización en el caso de accidente.

Así, se prevé que, en caso de que el perjudicado no esté conforme con la indemnización que le ofrezca la compañía de seguros, pueda solicitar una pericia de los daños corporales sufridos a los IMLCF, lo que le permitirá contar con la garantía de la experiencia, profesionalidad e imparcialidad que ofrecen estos profesionales.

El objetivo que persigue esta norma, destaca Justicia, es ofrecer a los particulares "un servicio pericial independiente y de calidad, que facilite la resolución extrajudicial", y también que se garantice la igualdad de trato en cualquier parte de España para el acceso de los ciudadanos a los IMLCF.

Cuando se habla de perjudicados en accidentes, la norma especifica que serán la víctima del siniestro y, en caso de fallecimiento, el cónyuge viudo, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados, así como las entidades aseguradoras, que deberán realizar una oferta motivada al perjudicado.

La solicitud pericial al IMLCF la podrán realizar la entidad aseguradora y el perjudicado de común acuerdo y, a falta del mismo, podrá ser instada por la víctima.

En ambos casos el precio público que se fije como contraprestación de la pericia será a cargo de la entidad aseguradora y, por tanto, gratuito para el perjudicado al que se le permite optar entre el IMLCF de su domicilio o bien el del lugar donde ocurrió el accidente.

En todo caso, se solicitará el consentimiento informado y expreso de la víctima lesionada para cada prueba que se acuerde realizar, así como para el acceso a la historia clínica y para la cesión de datos a las entidades aseguradoras.

Justicia destaca que para elaborar esta norma se ha contado con la participación y consenso de diversas entidades y asociaciones, entre las que se encuentran las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA), así como el Consejo Médico Forense y representantes de médicos forenses.