Nuevo baremo

Un 50% más en el caso de fallecimiento y las amas de casa serán beneficiarias. Las víctimas de accidentes de circulación contarán desde este mes con un nuevo baremo de indemnizaciones, que supone un incremento medio de un 50% en las compensaciones por fallecimiento y un 35% para las secuelas permanentes, pero un descenso del 2% para las lesiones temporales.

Esto será posible al entrar en vigor la Ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, consensuada tras un trabajo de cuatro años entre las asociaciones de víctimas (Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico y Stop Accidentes), de personas con discapacidad (Cermi, Fedace, Aspaym y Aesleme) y las aseguradoras, así como instituciones públicas como la Fiscalía de Seguridad Vial, y fue aprobada por unanimidad en el Senado.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló en la tramitación parlamentaria de la ley, que actualiza una norma de 1995, que los objetivos principales del texto son incrementar la protección a los afectados con “una indemnización suficiente”, mejorar el tratamiento resarcitorio, establecer “un sistema indemnizatorio activo, actualizado y adaptado a la realidad”, y agilizar la resolución de los casos”.

Puso dos ejemplos de lo que supondrá el nuevo baremo. Uno de ellos es que la indemnización por el fallecimiento de un padre de familia de 40 años con unos ingresos netos de 38.000 euros que deja viuda de 30 años e hijos de 3, 6 y 12 años pasa de los actuales 335.000 a los 670.000 euros. Y la de una médico con una renta superior a 60.000 euros anuales que sufre la amputación de una pierna sería de un máximo de 750.000 euros, incluido el lucro cesante o los futuros gastos sanitarios, por los 350.000 euros de la actualidad.

Para conocer la cuantía que le corresponde recibir a las víctimas de siniestros de circulación en función de la gravedad de sus lesiones o por su vinculación con un fallecido por este motivo, la patronal del seguro (Unespa) ha elaborado una aplicación informática gratuita que actúa como calculadora de indemnizaciones.

La norma tiene en cuenta las nuevas estructuras familiares, los grandes lesionados serán compensados con los apoyos necesarios para la autonomía personal, incorpora como víctimas de accidentes de tráfico a las amas de casa y las cuantías se actualizarán conforme al índice de revalorización de las personas.

Acuerdos extrajudiciales
El sistema también afecta a la sanidad pública porque las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas con los gastos derivados de nuevos perjuicios cubiertos, como los importes médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves.

Uno de los principales propósitos de la nueva norma es evitar la litigiosidad en los tribunales y potenciar los acuerdos extrajudiciales. No obstante, cerca de 200.000 de los 800.000 juicios de faltas que se tramitan cada año en España están relacionados con los daños personales relacionados con accidentes de tráfico, en su mayoría leves.

En el caso de reclamación extrajudicial por no estar de acuerdo con la indemnización correspondiente, el perjudicado podrá solicitar informes periciales de forma gratuita a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), gracias a un real decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros y que también entrará en vigor el 1 de enero de 2016.
Una de las entidades que ha trabajado en la elaboración de la normal, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), calificó de “avance” el nuevo marco legal regulador de las indemnizaciones económicas a las víctimas de accidentes de tráfico, sobre todo a aquellas que adquieren una discapacidad por esta causa.

El Cermi recordó que las indemnizaciones por accidentes de tráfico no se revisaban desde 1995, y únicamente se adaptaban a la inflación anual. A su juicio, estas compensaciones no alcanzaban a reparar los efectos económicos, sanitarios y sociales que el accidente representa para las víctimas y sus familias.

“El nuevo cuadro indemnizatorio, como contempla el texto de la reforma legal aprobada, no sólo mejora en suficiencia económica, sino que va orientado a dar cobertura y apoyo de todo tipo a la víctima para que pueda reincorporarse activamente a la vida en comunidad, potenciando al máximo su autonomía personal”, concluyó.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado ante la Defensora del Pueblo el retraso en que ha incurrido el Gobierno al no aprobar en el plazo legal establecido el real decreto regulador de las condiciones básicas de accesibilidad universal de las personas con discapacidad a los bienes y servicios a disposición del público.

Según dispone la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que entró en vigor el 4 de diciembre de 2013, en su Disposición final tercera y referente al  Desarrollo reglamentario,  El Gobierno, previa consulta al Consejo Nacional de Discapacidad y a las comunidades autónomas, dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley, y también, en su apartado 2, que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, según lo previsto en el artículo 29, para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.

A pesar de las demandas y advertencias del movimiento social de la discapacidad al Gobierno, a través del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para que cumpliera esta mandato legal, ha transcurrido el plazo máximo sin que esta normativa reglamentaria tan necesaria haya sido adoptada, por lo que existe un vacío regulatorio que deja en situación de desprotección a las personas con discapacidad en su acceso a los bienes y servicios a disposición del público.

En su queja, el CERMI reclama a la Defensora del Pueblo que investigue esta demora e inste al Ejecutivo a acelerar el proceso de aprobación de esta normativa. En el mismo sentido, la plataforma representativa de la discapacidad se ha dirigido al Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Peticiones, para que tramite esta denuncia en la vía parlamentaria.