El asunto del asesinato de Laura Luelmo ha abierto varios debates, entre los que figura el derecho o no de los ciudadanos de conocer los antecedentes de las personas que residen en su entorno y con los que se cruza a diario.

Un servidor siempre se ha posicionado en que los buenos ciudadanos deberían tener derecho a conocer si un vecino ha sido condenado por asesinato, por abusos sexuales, por pedrastia, por narcotráfico o por atracos, por poner algunos ejemplos, siempre dentro de un nivel de delitos relevantes. Lo mismo pienso sobre el 'terrorismo machista' cuando se trata de condenas de relevancia o de reiteración de pequeños castigos judiciales, pues soy de los que le gustaría saber si la pareja de su hija tiene antecedentes o no. No me refiero a un hecho aislado, sino cuando se trata de reincidentes, recalco. Esta opinión me ha sido muy criticada por algunos jueces y abogados, quienes exponen que cuando se ha cumplido la condena ya se ha pagado. Es decir, borrón y cuenta nueva.

Este asunto de la joven profesora asesinada activa el debate. ¿Hubiese escogido esa vivienda para residir Laura si supiese que cerca vivía una persona condenada por asesinato?

Ahora todo el tema está efervescente y luego le tocará, como es tradicional, enfriarse. Sin embargo, mientras tanto cada uno tenemos nuestra particular opinión y es algo que bien debería analizar los que marcan las pautas de la justicia en nuestro país mediante leyes y para aquellos que luego se encargan de aplicarlas optando por mayor o menor severidad dentro de unos parámetros.

Ahora, lo mismo tengo una visión equivocada y resulta que todo está 'ferpecto'.