El Comité de Apoyo del Cermi para el seguimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mantuvo un encuentro este lunes en el marco de la promoción y supervisión de la aplicación de la convención en España con el fin de analizar la actividad del Cermi en el marco de trabajo de este Comité.

Dicho órgano, formado por 26 profesionales de diferentes ámbitos, mayoritariamente relacionados con la discapacidad y los derechos humanos, asesora y apoya al Cermi en su labor como organismo independiente de seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, según explica la entidad.

La reunión ha servido para aprobar el Informe de Derechos Humanos y Discapacidad correspondiente al año 2015, en el que se reflejan las vulneraciones, denuncias y avances que permiten conocer el mapa de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España.

En el informe también se incluye la actividad de Naciones Unidas con incidencia en la discapacidad, así como la actividad desarrollada por el Cermi ante los diferentes Comités de derechos humanos.

Durante el encuentro, se han dado a conocer también algunas de las acciones de incidencia legislativa y política del Cermi en este ámbito, como la petición a la Fiscalía General del Estado de la elaboración de una circular relativa a la esterilización forzosa acorde con la nueva normativa y la convención.

También se ha analizado el estado en el que se encuentra el recurso contencioso-administrativo planteado por la inacción de la Administración por el incumplimiento de la normativa de accesibilidad por parte de Metro de Madrid, la petición al Parlamento para que cambie con urgencia la Ley Electoral para otorgar el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, así como la información sobre la ampliación de la condena de la Audiencia Provincial de Tarragona por la emisión del programa ‘Entre todos’ en el que se usaba a un menor con discapacidad.

Del mismo modo, el comité ha estudiado la información sobre la denuncia ante la Defensora del Pueblo por no haberse desarrollado el Real Decreto que garantice la igualdad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios de las personas con discapacidad.