La Sala de Lo Contecioso-Administrativo del Tribunal Superior de la Región de Murcia ha desestimado las alegaciones presentadas por el Abogado del Estado y ratifica la ejecución de la sentencia por la que se obliga a derribar la balaustrada de la Muralla del Mar, según ha podido conocer 'www.cartagenadeley.com'. Esta causa se inició en 1999 por un pleito entablado por Asociación de Amigos de Fortalezas y Castillos de Cartagena (Aforca) y Asociación Cultural Emma Egea frente al ayuntamiento de Cartagena, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Administración del Estado.

La historial judicial de este proceso arrancó el 29 de junio de 1999 cuando Aforca interpuso un recurso contencioso-admiinstrativo contras las obras de restauración llevadas a cabo en la Muralla del Mar, en el tramo comprendido entre Héroes de Cavite y el edificio de la Universidad Politécnica. Ese proyecto había sido aprobado en 1997 por la dirección general de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, por la dirección general de la consejería de Cultura y Educación y por la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Cartagena. Ese denuncia dio lugar a una sentencia de 22 de marzo de 2004 que anulaba y dejaba sin efecto el proyecto de rehabilitación "pero únicamente en lo referente a las obras de coronación o remate de la muralla enel referido tramo, que deberá desaparecer, sin ser sustituido por elemento alguno, manteniéndose en ese punto la muralla con su configuración original". El problema está en "el añadido", es decir, el antepecho colocado, según el proyecto autorizado. La sentencia considera que falsea la interpretación del monumento y que deben "desaparecer los extraños ladrillos de color liláceo con que aquellos parapetos originales han sido cubiertos".

Comunidad Autónoma, Ayuntamiento y Administración del Estado presentaron recurso de casación, pero la sección cuarta de la sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en Madrid, rechazó los motivos argumentados en el recurso, ratificando el 13 de mayo de 2008 la eliminación de la nueva balustrada.

Sin embargo, el 25 de mayo de 2009, la Abogacía dle Estado solicitó que se declarase imposible llevar a cabo la ejecución de la sentencia, lo que ahora ha rechazado la sala de Lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Región de Murcia.