¡Por fin! El denominado 'juicio imposible', que ha acumulado una interminable relación de intentos para su celebración desde hace una docena de años, se ha conseguido celebrar en la Audiencia Provincial, aunque con una situación muy diferente al origen del proceso judicial. De los cinco acusados quedan tres, pues uno falleció y el otro está enfermo grave, y las penas solicitadas por la Fiscalía han pasado de un total de 16 años a tres de medio año de cárcel al aplicarse las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas en el proceso. De esos tres imputados, dos confesaron para aceptar el medio año de cárcel mientras que el tercero sigue firme en que no tuvo nada que ver con esa estafa.

Los motivos de las supensiones han sido muy variados, desde ausencia de testigos importantes, sesiones de quimioterapia de un inculpado y su posterior estado terminal, errores de forma y en la citación, etc. Los últimos intentos de celebración se fechan en 30 de octubre de 2006, 17 de octubre de 2007, 30 de enero de 2008 y 27 de mayo y 2 de noviembre de 2009.

Ahora se ha conseguido celebrar y la sensación es que hay satisfacción porque acabe este 'culebrón' pero que no todos quedan satisfechos. Unos porque a los culpables las penas que pueden caerles son muy suaves y otro, que proclama su inocencia, porque lleva doce años en estado de imputado. También los testigos estaban un poco hartos de viajar a Cartagena para nada. Ayer, antes de empezar el juicio, la Fiscalía anuló las citaciones de varios testimonios tras alcanzar acuerdos con la defensa. Cuando le comunicaron a las personas que iban a testificar que se podían ir, estos se mostraron muy molestos por el tiempo perdido, ya que procedían de distintas lugares, como Madrid, por ejemplo, "para nada", dijeron.

El ministerio Fiscal, en sus conclusiones del año 2002, considera probado que los acusados constituyeron siete sociedades en los años 1992 y 1993 "con la única finalidad de llevar a cabo maniobras fraudulentas", reza el informe. A finales de 1997 fijaron como sedes naves de Los Dolores y Las Palas, comenzando en los siguientes meses a llevar a cabo diversas operaciones entre ellos para aparentar solvencia. Después llevaron a cabo pedidos a otras siete empresas, como electrodomésticos, material de construcción y productos de limpieza, entre otros, a los que entregaron pagarés que luego no fueron satisfechos. Ese material después sería vendido a terceros con ánimo lucrativo.

Fiscalía y dos de los abogados defensores alcanzaron acuerdos para proponer sentencias de conformidad. El primer paso era la confesión de los acusados y ahí se produjo la anécdota de la mañana, pues tanto a Andrés G. C. como a Antonio G. C. tuvo que preguntarles la fiscal en dos ocasiones ya que en su primera respuesta no reconocían la participación en la estafa y sin esa confesión no podía existir acuerdo.

El tercer caso fue muy diferente. El acusado niega cualquier relación: "Sólo estuvo una vez en la nave y fue para arrancar un camión y ponerlo a punto". Su abogado, José Muelas, hizo hincapié en que en la calificación fiscal no se le acusa de nada "aparece su nombre como la persona que constituyó Distribuciones García, cuando ni conoce esa empresa. Es la única alusión a él en todo el texto". La relación viene por las fotocopias de ocho pagarés que otro acusado presentó a un proveedor a cargo de una cuenta de esta persona, "que no tuvo nada que ver". Un testigo dijo que lo había visto en alguna ocasión junto a la persona que le debía el dinero y la Fiscalía mantuvo la misma petición de seis meses de prisión. Este testigo también desveló que tiene puesta una causa penal para reclamar el dinero que le deben.

Más información previa de este juicio en:

Juzgado: Sección quinta de la Audiencia Provincial. Cartagena

Delito que se juzga: Delito continuado de estafa (conseguir que otros crean la existencia de algo que en realidad no existe con el objetivo de enriquecerse.

Acusados: 5. Queda fuera de la causa uno que ha fallecido y pendiente de juicio otro que está muy enfermo. El juicio finalmente sólo abordó tres casos.

Petición de penas: La fiscal Yolanda Cuadrado solicita seis meses de cárcel para cada uno, más el pago del dinero que reclaman las víctimas. Las defensas de dos imputados, en concreto María López Lorente y el alicantino Manuel Paterniza, aceptan el castigo y piden que se reemplace por trabajos a beneficio de la comunidad, mientras que el letrado José Muelas solicita la absolución de su cliente.