El Consejo de Ministros, a propuesta del  ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha aprobado un acuerdo por el que se crea la ‘Comisión de modernización del lenguaje jurídico’, que en el plazo de doce meses deberá elaborar y presentar al titular de  esta cartera ministerial un informe que analice la situación actual del lenguaje empleado por los profesionales del Derecho y recomiende las  acciones que considere necesarias para que el lenguaje jurídico sea más  comprensible para la ciudadanía. 

El compromiso del Gobierno con la modernización del lenguaje jurídico  arranca con el Plan de Transparencia Judicial, por acuerdo del Consejo  de Ministros de 21de octubre de 2005, a fin de alcanzar el objetivo de la  Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Este compromiso  y esfuerzo del Gobierno se multiplicó recientemente con la aprobación del  ‘Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia’, en el que se prevé  la creación de esta comisión de expertos que sentará las bases para que  el carácter técnico y específico del lenguaje jurídico no esté reñido con su  transmisión de forma clara y accesible al ciudadano.

El informe de ‘situación’ permitirá identificar, entre otras cuestiones, los  problemas lingüísticos básicos que las comunicaciones escritas, las  vistas y comparecencias ocasionan a los ciudadanos y también a los profesionales del Derecho

Esta Comisión, adscrita a la Secretaría de Estado de Justicia, estará  presidida por su titular, Juan Carlos Campo; el vicepresidente será Víctor  García de la Concha, director de la Real Academia Española de la  Lengua, y actuarán como vocales: Gabriela Bravo Sanestanislao, portavoz del Consejo General del Poder Judicial; Carlos Carnicer Díez,  presidente del Consejo General de la Abogacía; Salvador Gutiérrez  Ordóñez, miembro de la Real Academia Española; Gabriela Cañas Pita,  periodista de El País; Alex Grijelmo García, presidente de la Agencia Efe;  Jesús María García Calderón, fiscal jefe del tribunal Superior de Justicia  de Andalucía; María Peral Parrado, periodista de El Mundo, y Mercedes  Bengoechea Bartolomé, profesora de Filosofía del Derecho en la  Universidad de Alcalá de Henares.

Al presidente de la Comisión le corresponderá establecer el calendario de sesiones, el método de trabajo y las decisiones necesarias para que ésta  cumpla su mandato. Con carácter ordinario, la Comisión se reunirá con  una periodicidad mínima mensual y quedará disuelta una vez que haya  presentado su informe al ministro de Justicia.

Asimismo, este grupo podrá ser asistido por un comité técnico,  coordinado por el director del Gabinete del secretario de Estado de  Justicia, y dispondrá de los medios necesarios para el ejercicio de sus
funciones.

Los miembros de la Comisión desempeñarán sus funciones de forma gratuita.