Los proveedores cuyas denuncias por impagos iniciaron la causa por una supuesta estafa en la construcción del Residencial Infanta Cristina de Los Narejos (Los Alcázares) vivieron con tensión el desarrollo de la última sesión del juicio.

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Doce empresas son las que reclaman cobrar unos ochocientos mil euros que no percibieron sobre 2001 por sus trabajos en una urbanización de Los Narejos. Sus representantes declararon ayer ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia en Cartagena, para después quedarse en la sala para observar el resto de la vista oral y las conclusiones del fiscal y de los abogados de las partes. Se les apreció tensos por algunas de los comentarios que escuchaban, llegando el presidente del tribunal, José Manuel Nicolás, a llamarles la atención. "Es que hemos escuchado cosas que nos removía la sangre", explicaban a este diario a la conclusión, indicando que algunas aseveraciones de los abogados de las defensas "no se lo creen ni ellos, pero entendemos que es su oficio. Lo único claro en todo este tema es que los que no hemos cobrado somos nosotros y que los principales acusados se ocultaban cuando en su día íbamos a pedirles que nos pagaran". Preguntados por si tienen dudas respecto a si estas personas llegaron a cobrar del promotor, responden que incluso ese supuesto "no les exhimiria del pago a nosotros".

La sesión final acogió, entre otras declaraciones, la de un perito de la defensa cuya valoración de las tres naves adquiridas por los dos principales acusados difiere mucho de la efectuada por el perito de la acusación. Después, el fiscal, Orencio Cerezuela, retiró las acusaciones contra la esposa y padres de los acusados, entendiendo que la única intervención en este asunto fue figura como administradores, "pero sin conocer el origen del dinero". Por su parte, Carlos Bernabé, abogado que lleva la acusación particular, mantuvo su petición de 6 años de prisión para los cuatro "porque han colaborado en crear una pantalla no real ante los acreedores".

Centrados en los dos principales imputados, José A.G.V. y Santiago C.V.G., el fiscal afirmó que mantuvieron "la ficción de querer pagar para mantener la esperanza de los subcontratistas en cobrar, aunque luego no dieron la cara" y señaló como pruebas de que son autores del delito de estafa que el promotor afirma que les pagó y que no han reclamado al mismo en doce años los pagarés, "y si no lo han hecho quiere decir que fueron pagados (quizás con la cancelación de alguna deuda) o que hubiese sido devueltos por el banco, lo que no sucedió". También dijo que no es "normal que Garcerán, el promotor, no le pagase a Grupo GYP (empresa de los acusados) y luego siguiera la obra con los mismos subcontratistas pagándoles".

La acusación particular, a través de Carlos Bernabé, dijo que se habían producido "contradicciones entre los dos acusados, salvo en el tema de decir que Garcerón no pagó" y que no pueden alegar falta de medios para reclamar al promotor "pues existe la justicia gratuita". El letrado señaló que desviando dinero es como pudieron adquirir, pese a tener pérdidas, las tres naves en Orihuela en aquella época. El vídeo adjunto ofrece parte de su conclusión final:

La defensa comenzó con Antonio Grimaldi, representante de José, quien remarcó que no existe "ni una prueba de que Garcerán pagó a GYP" y que la fiscalía no se preocupó en la instrucción llevada a cabo en los juzgados de San Javier de reclamar documentos.  "Es falso que Garcerán pagase y que con ese dinero se comprasen las tres naves".

Gallego, letrado del padre de José, de 85 años de edad, fue breve y conciso: "M;i cliente sólo participó en la constitución de una empresa y no hizo actuación alguna".

Andrés García Gómez, quien lleva a Santiago, afirmó que las acusaciones "no han sido probadas" y que si la única prueba de cargo es el testimonio de Garcerán, "esta persona también dijo ayer no recordar cosas y su declaración está lejos de ser concluyente. Además, tras doce años no existe ni una certeza de lo que se debe". Respecto a la denominada 'hipoteca tapón' suscrita en su día por los impuados, rechazó esa afirmación, "pues su dinero no llegó a los dos socios porque surgió otra vía. Así que si la acusación se base en tres pilares, éstos no lo son". Respecto a la esposa, a quien también representa, la exculpó de cualquier responsabilidad.

El abogado José Antonio Moya lleva a los padres de Santiago, aseguró que sus mandantes "no forman parte de lo que acoge la demanda y han explicado con sentido común su actuación, como fue atender la llamada de su hijo y pedir una garantía en una hipoteca que no blindaba nada. ¿Se hizo daño a alguien con esto?, pues no". También se refirió a los principales imputados, "a quienes se ha calificado como 'temibles señores' por el entramado societario que montaron. Temibles no lo sé, pero torpes sí, pues lo que se dice que hicieron es más propio de Esteso y Pajares, pues pusieron en riesgo a una esposa y a los padres".

Los letrados de las defensas también solicitaron, caso de condena, que se aplique la atenuante de las dilaciones indebidas, "pues así se contempla para estos retrasos salvo en casos de volumen y complejidad excesivos, lo que no sucede en este cso", apunto Martínez Moya.

La causa quedó vista para sentencia.


* El artículo puede contener algún tipo de error u omisión debido al problema de audición que tiene la sala de la Audiencia en Cartagena, lo que se agrava con el bajo volumen que emplean algunos agentes jurídicos y testigos.