¿Cobró la constructora del residencial Infanta Cristina de Los Narejos de la promotora?. Es una pregunta clave a resolver en la causa sobre un supuesto delito de estafa con seis imputados cuya primera sesión de la vista oral se ha celebrado en Cartagena tras las denuncias presentadas por las doce empresas subcontratadas que no llevaron a recibir el dinero por sus trabajos.

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De una 'infanta' a otra

Los acusados principales son José A.G.V. y Santiago C.V.G., para quienes se piden seis años de prisión, al igual que para los otros cuatro imputados, que son los padres de ambos y la esposa de uno de ellos. Respecto a la responsabilidad civil, el fiscal Orencio Cerezuela reclama 890.0158 euros, mientras que la acusación particular de once empresas, que lleva Carlos Bernabé, reclama 742.144 euros.

El origen de la causa está en 2002 cuando se presentaron las querellas en los juzgados de San Javier. Después el proceso ha sufrido un importante retraso, llegando a la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, que fijó fechas de celebración en octubre y enero últimos, siendo suspendidos. Ayer, por fin, comenzó la vista oral.

José fue el primer en declarar, pudiéndose escuchar en el vídeo adjunto parte de sus testimonios. Después lo hizo su socio, Santiago. Ambos afirman que no pagaron a los proveedores porque Garcerán Construcciones dejó de pagarles, "entonces comenzaron los problemas y se creó una tensión muy grande. Se nos cayó encima el trabajo de diez años porque no pagaba Garcerán. Nosotros pagamos hasta que tuvimos el último céntimo y siempre dimos la cara". Fiscal y acusación particular hicieron especial hincapié en unas naves que la empresa de ambos, Inversiones Grupo GYP, adquirió en Orihuela por 36 millones de las entonces pesetas cuando estaban valoradas en cien. "¿No desviaron ahí el dinero?", se preguntó. "No, era el precio que entonces regía en ese polígono industrial. Lo que he dicho es la verdad", dijo José. Se les insistió en que se habían metido en esa adquisición de naves cuando no les estaban pagando y el saldo de la empresa era negativo, además de que nunca ha presentado una reclamación judicial contra Garcerán en estos doce años de historia de la causa. "No lo hicimos porque el promotor decía que lo iba a solucionar y luego no había medios económicos para poner la demanda".

José tiene como abogado defensor a Antonio Grimaldi, Andrés García defiende a Santiago y a su esposa, mientras que José Antonio Martínez Moya es el representante de los padres de Santiago y Gallego lleva al padre de José. Los cuatro preguntaron a José, pero no a Santiago. El primero les dijo que Garcerá "jamás había dado problemas y decía que atendería los pagos; jamás "pensé que esto iba a terminar así". Los letrados también sostienen que una peritación de las naves llevada a cabo por la CAM las valoró en algo más de ocho millones de pesetas, añadiendo que sobre estos inmuebles pesaban hipotecas.

Los familiares de los principales acusados dijeron que eran menos figurantes en esta historia, pero fiscal y Carlos Bernabé sostienen que esa situación implica una responsabilidad.

Después pasó a sala el arquitecto Carlos Martínez, actual teniente-alcalde del ayuntamiento de La Unión y que fue quien entonces peritó las naves de Orihuela, cifrando su valor en uno seiscientos mil euros, unos cien millones de pesetas, por seguir con la moneda más expresada por los protagonistas en este juicio.

La jornada también incluyó a Garcerán, testigo de cargo para unos letrados y de descargo para otros, que estaba citado tanto a nivel personal como por la representación de su empresa. Dijo que pagó todo a GYP, "no les debo nada", dijo, junto a que en este tiempo no me ha reclamado ni ellos ni entidades bancarias, lo que hubiese sucedido de haberse descontado un pagaré sin fondos. También informó que tras dejar la construcción GYP, la urbanización Infanta Cristina de Los Narejos (Los Alcázares) siguió adelante con las empresas subcontratadas, a las que pagó sin problemas. Por su parte, las defensas hicieron especial hincapié en que hay papeles de entonces que desconoce dónde están porque fueron intervenidos por la Guardia Civil en el asunto del 'caso Ninette', que está abierto por supuestas irregularidades en el ayuntamiento de Los Alcázares, causa en la que sigue imputado.

Hoy, a partir de las diez horas, continúa la causa con la segunda sesión y las conclusiones de las partes.