* Fernando de la Fuente Honrubia es el juez que ha detonado una fórmula que ha contado con el respaldo de compañeros, letrados e instituciones

* "Es un proyecto de todos en el que hay que coordinar muchas voluntades"

* "En época de crisis hay que ser imaginativo"

* "Con este sistema evitamos que vayan a más las ejecuciones pendientes, pero reducir la carga histórica será complicado si no hay refuerzos, pues Lo Penal tenemos menos funcionarios que en los demás juzgados"

¿Cómo surgió la idea?
Por un lado, al conocer que había más de siete mil ejecuciones 'vivas' en Cartagena y pensar en una solución que no agrave el problema. Por otro, al estar en un Penal nuevo, como es el tres, con menor carga histórica que los otros dos, se podía plantear mejor esa búsqueda de una solución, pues no cabe otra fórmula que optimizar recursos, pues de lo contrario los juzgados se acabarán hundiendo.

Parece una fórmula tan sencilla que puede extrañar que la Justicia no la hubiese puesto en marcha antes.
Es un proyecto de todos que ahora, cuando ya se está llevando a cabo, parece sencillo, pero hasta llegar ahí hay que coordinar muchas voluntades.

¿Qué beneficio consigue con este sistema la Justicia?

Las audiencias, en relación con los beneficios de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y/o su sustitución por multa o trabajos en beneficio de la comunidad, se tramitaban en forma escrita, con el consecuente y lógico retraso por los sucesivos traslados a las partes. Con estas audiencias se consigue resolver sobre dichos beneficios en un plazo corto de tiempo, dado que de ordinario se convocará a la audiencia a las partes en el propio auto de incoación de la ejecutoria. Añadidamente, se concentran todos los trámites en un mismo acto, donde además se da la oportunidad al penado de comparecer para explicar y hacer valer las circunstancias personales que quiera exponer al Tribunal para la concesión del beneficio. Como punto positivo adicional, al acudir el penado al juzgado a dicha audiencia se pueden practicar con él citaciones y trámites pendientes, evitando así acordar averiguaciones de domicilio o requisitoriados.
Además, al encontrarse en sala el fiscal, secretario judicial y el magistrado, es posible, en una unidad de acto, resolver cuestiones relativas a la ejecución evitando mayor demora en la  tramitación del procedimiento como consecuencia de los sucesivos traslados.
Aunque se han fijado unos trámites básicos a despachar en esas sesiones, se irán realizando los ajustes necesarios para optimizarlas, valorándose la posibilidad de realizar otras actuaciones tales como audiencias para decidir sobre la sustitución de penas privativas de libertad por expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.

¿Por qué se centra en los asuntos de condenados a prisión por período inferior a dos años?
Porque observamos que eran las ejecutorias que provocaban más demora. Además, tanto tiempo que llevaba el proceso podía, incluso, generar inseguridad jurídica.

Usted ha sido el impulsor de esta experiencia piloto. ¿Cuál fue su planteamiento a sus compañeros, procuradores, abogados, Fiscalía e instancias superiores?
Se trataba de desarrollar una experiencia piloto consistente en sesiones específicas para mejorar la tramitación de la ejecución de sentencias a pena privativa de libertad inferior a dos años de prisión en las que cabía objetivamente la concesión de los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena o su sustitución por multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Esta propuesta fue analizada con los funcionarios de mi juzgado y después tuvo una acogida muy positiva por los magistrados de Lo Penal uno y dos y por la Fiscalía. Profundizando en los criterios de eficacia y eficiencia perseguidos con esta iniciativa, la Fiscalía propuso optimizar esas sesiones con la realización de otros trámites tales como liquidaciones de condena, licenciamientos, remisiones condicionales, archivos provisionales y definitivos, etc.

Lo que es evidente es que, utilizando los nuevos medios tecnológicos, y con la voluntad de todos, la Justicia puede avanzar.
La instauración de nuevos medios electrónicos y telemáticos en la Administración de Justicia facilita que se puedan introducir paulatinamente procesos de gestión conforme a criterios de eficacia y eficiencia, a cuyo efecto los Juzgados de lo Penal son conscientes de que cuentan para su buen éxito con el pleno apoyo y colaboración del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de la Fiscalía de Área de Cartagena, y de los Ilustres Colegios de Abogados y Procuradores de Cartagena.

También es cierto que se obliga a un esfuerzo adicional.
Así es, pero hay que ser imaginativo en época de crisis y, en este caso, también hay muchos esfuerzos de la Justicia que se pueden reducir. Hay que tener en cuenta que en el Partido Judicial hay un alto grado de sentencias de conformidad, con lo que se puede evitar un trabajo adicional.

Pero en el caso de ustedes, de los juzgados de Lo Penal, tienen dos funcionarios menos cada sala que los juzgados de Primera Instancia y uno menos que los de Instrucción.
Es algo que no entendemos, pero son los mimbres que hay y sobre los que hay que trabajar. El objetivo de esta fórmula es evitar que aumenten las ejecuciones, pero será complicado reducir las acumuladas sin refuerzos.