* Los ocho ecologistas, quienes fueron embargados, reclaman la devolución de los 8.000 euros de las multas más los intereses

* "Colocar la cadena en la puerta del edificio fue un acto simbólico contra el proyecto de El Gorguel y no se impidió que se pudiera entrar por otras puertas"

* "Si no se sanciona esa acción, ¿pondrán un candado a la puerta del juzgado si hay una sentencia que no apoye el medio ambiente?", dijo la abogada del Estado

Ayer se reanudó, en la sala de Lo Contencioso-Administrativo de Cartagena, la vista oral por la demanda presentada contra la Autoridad Portuaria de Cartagena por ocho ecologistas, que fueron multados con ocho mil euros por colocar un candado en el edifico de esta entidad en el puerto. "Todos somos modestos trabajadores y ya nos han quitado ese dinero más los intereses, lo que supone más de nueve mil euros", indicaron.

La sesión se reanudó valorando los abogados de la defensa (José María Muñoz y José R. Sánchez) las respuestas del presidente de la Autoridad Portuaria, Adrián Ángel Viudes, al cuestinario que le enviaron. "Prácticamente no ha constestado, pues sólo hay 7 respuestas de las 14 preguntas", indicaron.

Testificales

Después fue llamada a declarar María Julia Martínez, coordinadora de Ecologistas en Acción en la protesta llevada a cabo en 2009 contra el proyecto de El Gorguel. "Fue una acción no violenta con el objetivo de llamar la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública, con riesgo cero, pues el acto de colocar el candado fue simbólico y estaba habilitada otra puerta para entrar, dándose indicaciones de la misma a los ciudadanos que querían entrar al edificio de la Autoridad Portuaria. Además, valga que la Policía Nacional estuvo presente y no tuvo necesidad de intervenir". A continuación, Miguel A. Esteve, profesor de la Universidad de Murcia que lleva tres décadas ligado a los movimientos ecologistas, recalcó que el proyecto de El Gorguel "es un suficientemente grave como para poner en tela de juicio a la otra parte" y que estas acciones de protestas tiene como finalidad "más vale prevenir que luego lamentar". La abogada del Estado impugnó los testimonios relacionados con el proyecto, "porque no tiene relación con el hecho concreto que se juzga".

Conclusiones

Los abogados de los ecologistas pidieron que se revocasen las sanciones y se le cobrasen a la Autoridad Portuaria las costas, alegando que en la acción de protesta "no hubo daños, que no figuran en el expediente sancionador, ni detenidos, además de que se basa en un reglamento preconstitucional y viciado del año 1976, que no está publicado en el BOE ni actualizado" y añadieron que todas las protestas "llevan unas consecuencias que debe asumir un estado democrático, como sucede, por ejemplo, en un corte de carreteras, y en esta caso fue una actuación breve y simbólica".

La abogada del Estado, por su parte, remarcó que no se discute si el proyecto de El Gorguel "está bien o no, sino que está demostrado que cerraron la puerta principal y es de perogrullo que eso se causa un menoscabo a un edificio público". Dijo que se aplicó en la sanción la Ley de Puertos, "que está vigente", como falta leve, y concluyó comentando que la defensa del medio ambiente no lo justifica todo: "¿Qué será lo próximo, poner un cándado al juzgado si la sentencia no apoya el medio ambiente?".

Tras una hora de sesión, en una sala repleta de público con ecologistas, grupos simpatizantes, sindicato de estibadores y los ediles de Izquierda Unida, el juez Juan Carlos González Barral declaró la causa vista para sentencia.