El Gobierno de España ha aprobado un Anteproyecto de Ley con medidas para agilizar los procesos civiles y contencioso-administrativos, que tiene como objeto simplificar el proceso y reducir costes y tiempo con la eliminación de trámites innecesarios, la ampliación de las posibilidades de acogerse a los procedimientos abreviados y la racionalización del sistema de recursos.
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