El ayuntamiento de San Javier ha sido condenado a readmitir a una técnico de Medio Ambiente o a indemnizarla por despido improcedente (unos 20.000 euros) al estimar el juez que no se le debió comunicar la extinción del contrato para incorporar a otra persona en sus mismas funciones, por lo que ese despido careció de causa.

La trabajadora municipal tenía la categoría de técnico superior y fue contratada con una misión específica, siendo la única técnico del departamento de Medio Ambiente. El Ayuntamiento le comunicó el pasado mes de junio la extinción del contrato de trabajo y contrató a otro técnico para desempeñar las mismas funciones. Son los hechos probados de esta causa, según reza la sentencia, a la que ha tenido acceso 'Cartagena de Ley'.

La mujer, con el asesoramiento de UGT a través de su abogada Pepa Olmos, acudió a los tribunales al considerar que sufrió un despido improcedente por haber existido Fraude de Ley en su contratación temporal, pues durante esa etapa sus tareas excedieron el ámbito de la otra o servicio objeto de su contrato.

El magistrado de Lo Social número 1 de Cartagena estima que, en base al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, la relación laboral "debe considerarse indefinida desde su inicio" y el cese, como es el caso, es "un despido improcedente por carecer de causa".

Finalmente, declara improcedente el despido y condena al ayuntamiento de San Javier a readmitir a la actora en las mismas condiciones que regían antes del despido y el abono de los salarios dejados de percibir o, como otra opción, pagar la cantidad de 10.533 euros como indemnización más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de la sentencia, a razón de 106 euros diarios.