Miércoles, Julio 03, 2024
   
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"Mi cliente no ha venido a pedir dinero, sino Justicia"

El socio del asesor fiscal acusado de estafar a más de una veintena de empresas, que ha estado representado por el letrado José Muelas Cerezuela, no se ha adherido a la sentencia de conformidad acordada por fiscal, defensa y otro letrado de la acusación particular.


La sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, ha celebrado hoy el juicio contra una persona acusada de los delitos de Apropiación Indebida y Falsificación de Documento Mercantil.

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Piden seis años para un asesor que se quedó con el dinero de los impuestos de más de veinte empresas

El juicio ha estado amenazado de suspensión al no estar presente el acusado en la hora fijada para el inicio. La abogada Ana Belén Roca, compañera de Inmaculada Sánchez Moreno, quien llevaba la defensa, ha localizado a C. F. P. C. en Urgencias del Rosell, donde estaba por un fuerte dolor de ciática, y le ha acompañado hasta la sala del tribunal. Después el juicio se ha celebrado con un acuerdo entre las partes, salvo la acusación particular de quien fue socio de esta persona en la asesoría.

El acusado ha reconocido que, entre 1998 y 2003, no depositó el dinero de las empresas le entregaron para las cuentas anuales. Como motivo ha indicado que la asesoría que representaba "me debía dinero". Después se ha abordado la falsedad de documento mercantil, testificando varios afectados. Después, fiscal, defensa y acusación han expuestos sus conclusiones y peticiones de pena.

Fiscalía y los letrados Ángel Méndez e Inmaculada Sánchez Moreno estaban adheridos a la propuesta de que sea condenado a 6 meses de cárcel por Apropiación Indebida más un año y nueve meses por Falsedad de Documento Mercantil, más el pago de una multa de 2.430 euros (9 meses a razón de 9 euros diarios). José Muelas, por su parte, mantiene que por el primer delito sea condenado a tres años y medio de cárcel. "El acusado aprvoechó su condición de confianza para depredar a los clientes de la asesoría y a su socio, a quien sustrajo dinero y credibilidad", explicó, para a continuación apuntar que con esa petición de cárcel  "no somos crueles, pues podría ser más por ser un delito continuado" y ha solicitado "una sentencia justa, que es la que me pide mi cliente". Respecto a la cantidad a pagar como indemnización y responsabilidad civil, la cifra supera los 50.000 euros.

 


El socio que tenía el acusado explicó a este diario que descubrió esas irregularidades cuando fue al Registro Mercantil de Murcia a preguntar "a raíz de que un cliente reclamase sus libros y cuentas". También dijo que en principio el acusado decía que se trataba de "un error en el Registro" y que aquella situación ocasionó la disolución de la asesoría. Además, no descarta abrir una demanda civil contra su ex socio para reclamar los daños y perjuicios que ha sufrido.

Los testigos que han pasado por la sala también han desvelado otras situaciones que sufrieron por las acciones del imputado. Una mujer le entregó un talón de 12.000 euros para pagar el impuesto de transmisiones, "que después tuve que pagar dos veces". Otro hombre que le entregó 1.500 euros para un depósito fue embargado, mientras que en una joyería tuvieron que contratar y pagar un plus a otro asesor para arreglar la irregular situación que padecía. Esta empresa reclama, a través de la acusación particular que lleva Ángel Méndez y al margen de los 50.000 euros antes mentados, los 1.500 euros que tuvo que desembolsar.

Juzgado: Sección quinta de la Audiencia Provincial en Cartagena. Tribunal formado por Fernando Fernández-Espinar (presidente), Matías Soria y José Joaquín Hervás.

Delitos: Apropiación Indebida y Falsificación de Documento Mercantil.

Acusado: C. F. P. C.

Petición de pena: Fiscalía, defensa y una acusación particular solicitan 6 meses de cárcel por el primer delito y un año y nueve meses por el segundo, más el pago de una multa de 2.430 euros y más de 50.000 euros de indemnización. La acusación particular de su ex socio eleva la primera pena a tres años y medio de cárcel, mientras que la acusación particular de un afectado reclama también 1.500 euros de gastos ocasiones por su irregular actuación.

 

 

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