Miércoles, Julio 03, 2024
   
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Los detenidos por coger atunes aseguran que un vídeo demuestra que no hicieron nada ilegal

Los tres detenidos por capturar atunes rojos en una granja de Portmán proclaman que son inocentes y aseguran que disponen de un vídeo que demuestra que la captura del atún que llevaban se efectuó a cabo fuera del perímetro de la granja y que se produjo por casualidad, pues los aparejos de pesca que llevaban no eran los apropiados. Además, el atún estaba muerto y fue entregado a la Cofradía de Pescadores.



Los tres detenidos, cuyos derechos están defendidos por la abogada María Dolores Cayuela, explican que son muchos los pescadores aficionados que suelen acudir al exterior del perímetro de las piscifactorias para aprovechar la presencia de peces que acuden a alimentarse de los restos de comida que se suministra a los atunes de la granja. En su caso, dos de los acusados, que iban en una barca, notaron como se enganchó algo muy pescado a su caña de carrete y pidieron ayuda a una zodiac próxima, en la que iban otras dos personas. Finalmente sacaron la pieza y resultó ser un atún rojo, cuya captura está prohibida. La Ley obliga a desengancharlo y devolverlo al agua, pero este ejemplar subió muerto a la barca después de un buen rato de briega, por lo que lo llevaron a tierra para trasladarlo a la Cofradía de Pescadores, que en estos casos subasta las piezas y destina los fondos a un centro benéfico. Fueron interceptados por la Guardia Civil en ese traslado.

Este relato se respalda conn la grabación de vídeo que llevó a cabo uno de los tripulantes de la zodiac, donde se observa, además de la fecha (20 de octubre) y la hora (entre las 15.00 y 16.00 horas), que el perímetro de la granja está a más de doscientos metros de ellos y se escuchan los comentarios de sorpresa de los pescadores al engancharse esa pieza en su caña de carrete. También sostienen que el hilo de la caña no está destinado a la caza de atunes y que la carnaza que llevaban era para peces serviola.

Tras ser detenidos por la Guardia Civil y pasar la noche en el calabozo, los tres pescadores fueron acusados en un primer momento de un Delito Ecológico y otro de Robo con Fuerza al señalar la acusación particular que habían roto las redes. La defensa advierte que estos dos delitos "son incompatibles, puesto que si es delito Ecológico implica que el atún es salvaje y, por tanto, no existiría robo ni hurto", explica la abogada, quien también informa que se sabe si un atún es salvaje o de granja, "por la grasa de su carne". El juzgado de Guardia (Instrucción número 4) lo calificó de Hurto y ahora el asunto ha pasado al juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena para la fase previa.

"La Guardia Civil se limitó a detener en tierra a tres pescadores que llevaban un atún tras ser alertados por la empresa denunciante y, posteriormente, tomar declaración a los empleados propuestos y aleccionados por la propia empresa; sin que exista una investigación sobre la pieza, para determinar si era salvaje o de piscifactoria, si existían esas roturas de la red o si se había invadido el perímetro, ni tampoco el valor de la pieza, que condicionaría la calificación de los hechos", apunta la abogada cartagenera.

Fiscalía y acusación piden penas de cárcel y valoran la pieza en unos 2.500 euros, "cuando resulta que el atún fue subastado por la Cofradía de Pescadores, siendo adquirido por 200 euros".

El juez, el pasado 28 de octubre, también estableció una orden de alejamiento de media milla, que se sumarían a los doscientos metros de protección que ya tenía la factoría con el perímetro, "lo que supone a mis clientes que no puedan sacar el barco del puerto de Portmán (queda dentro de la distancia de alejamiento), cuando no se ha acreditado en momento alguno la propiedad del atún ni la rotura de la red ni que estas personas hubiesen invadido el perímetro; ha sido una medida exagerada que protege a una empresa privada con pingües beneficios y que puede y debe mantener sus medidas de vigilancia y no recurrir a la Administración de Justicia para que se ponga a su servicio", expresa María Dolores Cayuela, quien añade que de esta forma se priva a sus clientes "del disfrute de un bien público como es el mar".

 

 

 

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