El boom urbanístico y la aprobación de la ley del suelo fueron el caldo de cultivo de irregularidades urbanísticas, implicando a cargos públicos de ayuntamientos y consejerías, según ha denunciado hoy Ecologistas en Acción, quien recuerda que han sido detenidos hasta once alcaldes y decenas de ediles y funcionarios.

Ecologistas en Acción ha criticado que aproximadamente la mitad de los 45 ayuntamientos de la comunidad autónoma hayan sido investigados por tramas de corrupción urbanística, implicando a numerosos cargos políticos, confirmando sus denuncias al insostenible modelo de desarrollo de la Región de Murcia.

Además, la investigación de tantos casos similares en la Región de Murcia demuestra que la nueva ley del suelo, el abuso de la figura de convenio urbanístico, la falta de mecanismos de control y la lentitud de la justicia, han favorecido muchas de estas irregularidades, con el beneplácito de los responsables de algunas administraciones, señalan en un comunicado oficial.

En este nuevo caso denominado “Umbra”, la investigación de delitos como la malversación de caudales públicos, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios y blanqueo de capitales, ha salpicado a la cúpula de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital de provincia. El resultado ha sido la detención de tres personas, actualmente en libertad con cargos después de pagar las altas fianzas impuestas por el juez, y la imputación de al menos otras veinte. Varias de las personas implicadas, lo están también en el caso “Barraca”, otra trama de presunta corrupción investigada.

Los detenidos son el jefe de la Gerencia de Urbanismo Alberto Guerra; el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero italiano Renato de Noce (imputado en el caso “Barraca”). Y entre los veinte imputados destacan el actual Concejal de Urbanismo Fernando Berberena, el empresario y propietario del Real Murcia Jesús Samper, el ex jefe de Planeamiento Joaquín Peñalver (principal imputado en el caso “Barraca”, junto con su esposa Sandra de la Puente), el constructor Francisco Arqués López y la jefa de Oficina de Gobierno Local Mª Isabel Fernández (esposa del detenido Alberto Guerra).

Los ecologistas denuncian que con cada nuevo caso de corrupción que se destapa se demuestra el escaso control que hay sobre quienes deben velar por el interés general de la sociedad frente a los intereses privados de personas y empresas. También se demuestra la falta de iniciativa de los dirigentes políticos a la hora de apartar de sus puestos de responsabilidad a cargos públicos y a funcionarios implicados. No en vano, la mitad de los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia han sido investigados por presuntas irregularidades urbanísticas, teniendo como resultado 11 alcaldes imputados, pero la mayoría sigue en su puesto, incluso los tres que sufrieron penas de prisión preventiva (alcaldes de Totana, Torre Pacheco y Librilla).

Ecologistas en Acción exige un acto de responsabilidad al Alcalde del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Cámara, con la destitución del concejal imputado Fernando Berberena, y que aparte temporalmente de sus puestos de responsabilidad y de la toma de decisiones a los funcionarios imputados, como la jefa de Oficina de Gobierno Local Mª Isabel Fernández (esposa del detenido Alberto Guerra).

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