El acusado de sobornar a guardias civiles para facilitar el desembarco de droga en la costa ha aceptado una pena de dos años de cárcel y una multa de 10.795.000 euros, confesando los hechos que se le imputaban.

Esta causa es una parte de otra ya juzgada pero en la que quedaba por resolver la responsabilidad de otro acusado que entonces fue declarado en rebeldía. Ambos fueron considerados componentes principales de la organización y, en el caso de hoy se trata del encargado de buscar agentes policiales para facilitar los desembarcos. A la tercera, tras las suspensiones de la vista los días 21 de abril y 28 de junio, el asunto ha podido llegar hasta el final.

Un agente de la Policía Judicial, encubierto con el sobrenombre de 'Carlos' ,se hizo pasar con un 'posible agente corrupto', comprobando las auténticas intenciones del acusado cuando le ofreció una importante cantidad de dinero si participaba en la introducción de un importante cargamento de hachís en la Región. A cambio, debía suprimir las vigilancias en la costa. Ese mismo mes, septiembre de 2004, tuvo lugar un desembarco de 88 fardos de resina de cannabis en Isla Plana. La Guardia Civil seguía la pista y se presentó en una vivienda de La Azohía, donde encontraron 45 fardos en una furgoneta y 41 dentro del inmueble, deteniendo a los autores.

La droga hubiese alcanzado un valor de casi cuatro millones de euros en la venta al por mayor en el 'mercado negro' y de 10.795.000 euros en la venta al menudeo.

No entrará en la cárcel
Esta mañana, la fiscal y el abogado Aitor Esteban Gallastegui han alcanzado un acuerdo para elevar una sentencia de conformidad que luego, con la traducción del intérprete Miguel Hachmi, ha aceptado Mokhtar.

La condena será de dos años de cárcel, castigo que puede suspenderse al carecer de antecedentes. También ha sido condenado al pago de 10.795.000 euros, que se pueden sustituir por dos meses de cárcel en caso de impago, que sí tendría que cumplir.

Juzgado: Sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena. Tribunal integrado por José Manuel Nicolás, Miguel Ángel Larrosa y Fernando Fernández-Espinar.

Delito: Contra la Salud Pública

Acusado: Mokhtar E. G., de 50 años de edad y sin antecedentes penales.

Petición de pena: Seis años de cárcel de cárcel más el pago de 40 millones de euros, con 200 días de responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago siempre que la pena supere los cuatro años.

Sentencia: Dos años de prisión y pago de 10.795.000 euros, que se sustituirán por dos meses de cárcel caso de impago.