La Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo ha entrado oficialmente en vigor esta mañana. Sin embargo, se ha estrenado con un conflicto judicial y social abierto, ya que el PP y el Gobierno de Navarra han pedido ante el Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de 8 de sus artículos. Por su parte, el presidente autonómico de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, asegura que de momento "no hay razones para acatar" esta Ley.

Mientras que unos sectores de la sociedad se congratulan de la entrada en vigor de la Ley del Aborto, en otros esa implantación todavía no existe. El PP y el Gobierno de Navarra alegan en su denuncia que el "aborto libre" es contrario al derecho a la vida, garantizado por el artículo 15 de la ley fundamental. Se suma el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, quien esta mañana ha asegurado que, de momento "no hay razones" para acatarla porque no hay sentencia en firme, además de señalar de que en su partido siguen buscando "vías jurídicas" para erradicarla.

Pedro Saura, líder socialista en la Región de Murcia, ha mostrado su preocupación ante el hecho de que Valcárcel, como presidente de una comunidad autónoma, “llame a la insumisión y al incumplimiento de determinadas leyes”, como ha ocurrido hoy con la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Saura indicó que Valcárcel está actuando de manera arbitraria ya que “acata y hace cumplir sólo algunas leyes, las que le interesan y las que su gobierno elabora, pero otras no”.

Murcia, donde más abortos se practican
Al líder de los socialistas murcianos le preocupa también que lo diga precisamente el presidente de una Región que se sitúa a la cabeza de España en número de interrupciones voluntarias del embarazo, como es el caso de Murcia. “Hay un drama personal muy evidente detrás de todas esas cifras y la ley del Gobierno de España lo que pretende es dar seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios, además de contribuir, sin duda, a disminuir los embarazos no deseados como lo avalan los últimos datos”.

Por otro lado, asociaciones de médicos y discapacitados presentan un recurso de amparo ante el Alto Tribunal porque la nueva legislación establece una diferencia "jurídicamente insostenible" sobre lo que es un feto sano y otro enfermo o inferior, a cuya vida se puede poner fin en el seno materno.