Las organizaciones naturalistas urgen al presidente de la Comunidad Autónoma a que declare la caducidad de la concesión para las obras en el puerto de La Manga.

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) considera que no se ajusta a derecho la pretensión del Gobierno murciano de anular la petición de declaración de caducidad de la concesión de las obras de Puerto Mayor que realizó el Ministerio de Medio Ambiente. El tribunal también estima que no se ajusta a derecho que la Comunidad Autónoma rehúse declarar nula de pleno derecho la resolución de la Dirección General de Carreteras de diciembre de 1988, que acordó ampliar el plazo de ejecución y aprobó modificaciones del proyecto.

Las organizaciones recuerdan que el presidente de la Comunidad, Ramón Luís Valcárcel, se ha negado de forma sistemática a cumplir con su responsabilidad en la tramitación de este proyecto. Ambas organizaciones se dirigieron por escrito a Valcárcel en mayo de 2005 para pedirle que ejecutara la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2002, que declaraba que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debía tramitar un procedimiento de Revisión de Actos Nulos para declarar la caducidad de la concesión de Puerto Mayor, ya que dicha concesión era contraria a lo establecido en la Ley de Costas.

Contra la desestimación por silencio administrativo del presidente Valcárcel, ANSE y Greenpeace, que en enero de 2005 paralizaron mediante una acción las obras de construcción del puerto y demandaron al Ministerio de Medio Ambiente la presentación de un recurso ante los tribunales (el que se ha resuelto ahora), interpusieron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, pendiente de resolución.

Las organizaciones lamentan que en una situación como la actual, caracterizada por la crisis económica y la inestabilidad, la conservación de los últimos recursos naturales costeros disponibles en lugares tan presionados como el Mar Menor, siga sin ser una prioridad. Aumentar indefinidamente el número de embarcaciones y puertos solo contribuirá a aumentar la presión y la degradación de este entorno único en la costa mediterránea española, y la inestabilidad del mismo modelo económico.

Entre tanto, el Mar Menor continúa sin ver definitivamente aprobado el Plan de Ordenación de Recursos Naturales.