La Fiscalía Especial contra la Corrupción, en un informe presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ), señala que en el asunto de la limpieza por la Comunidad Autónoma de la 'balsa Yenny' no hay indicios penales que puedan incriminar al ex consejero Juan Bernal y al consejero Antonio Cerdá.

El informe, que está firmado por Carlos Alba y Luis Rodríguez, los dos fiscales asignados al caso, indica que ello no quita "para que, en las jurisdicciones correspondientes y por los medios legalmente previstos para ello se haya conocido o se conociere de las eventuales responsabilidades civiles y/o contables que los hechos pudieran justificar o hayan justificado".

En las conclusiones del estudio, los representantes del Ministerio Público señalan que antes de que el Consejo de Gobierno aceptara la donación del terreno en que se encontraba la balsa, propiedad de Portman Golf, "ésta conllevaba problemas de seguridad para las personas y bienes y concitaba inquietud social a causa de sus características, dimensiones y proximidad a la población de El Llano del Beal".

Añaden que "además de un problema medioambiental, existía un relevante y acuciante riesgo para la seguridad de las personas, lo que motivó la adopción de decisiones que priorizaban la evitación del riesgo".

Dicen también que "sin perjuicio de si era más acertado admitir la donación para actuar sobre un suelo que fuera público o actuar sobre suelo privado, lo cierto es que la aceptación del terreno no excluía la repercusión de costes a la empresa de lo que a ella fuera exigible y facilitaba la consiguiente y automática reversión de las plusvalías a la Administración".

Este informe fue solicitado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ tras la querella presentada contra el ex consejero y el consejero por el periodista José Juan Cano Vera y el letrado José Luis Mazón por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Recientemente, el Tribunal de Cuentas archivó las actuaciones abiertas en el mismo por la presunta responsabilidad contable en estas actuaciones de la Comunidad Autónoma.

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