Escrito por Juan Antonio Garre. Ciudadanos Región de Murcia. 3 de noviembre de 2015, martes
El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, reafirmó a los representantes de las principales asociaciones que defienden la Custodia Compartida en la Región (APFS, Asociación Aire y SOS PAPA) "su apoyo decidido a la implantación definitiva de una normativa estatal que regule esta situación de desigualdad que viven los padres separados", para lo que se comprometió, entre otras medidas, a apoyar con todos los medios del partido en la Región, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regulación legal sobre una futura la Ley de Responsabilidad Parental y de Relaciones Familiares, que ha sido admitida a trámite hace unos días por el Congreso de los diputados y que en los próximos días comenzará la recogida de firmas para su tramitación.
El apoyo de Ciudadanos de la Región de Murcia se concretará, además, en otras dos medidas a desarrollar en los próximos meses. La primera, la de impulsar el Dictamen de Estímulo de la iniciativa legislativa del Gobierno de la nación, que la Asamblea Regional emitió en 2013, adjuntando proyecto de ley sobre relación de los hijos e hijas con los progenitores en los casos de ruptura de la convivencia familiar. Y, por otro lado, apoyar en el Congreso de los Diputados, a través de los diputados elegidos en las próximas elecciones generales en la Región, todas las iniciativas que como grupo parlamentario puedan emprenderse para la regulación legal de la Custodia compartida en la próxima legislatura.
La Región de Murcia no puede legislar en esta materia, como sí lo han hecho otras comunidades autónomas, lo que al final ha convertido a este derecho de ambos progenitores, en una excepción.
La prueba es que la Región de Murcia ocupa el último lugar en España en concesión de Custodias Compartidas, algo que se da sólo en poco más del 10% de los casos. Un verdadero cambio legislativo, como el que apoyan cada vez más asociaciones, haría posible un cambio en la práctica jurisdiccional, sobre todo tras 30 años de inercia judicial consistente en otorgar la custodia monoparental por sistema.
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