Escrito por María Teresa González Adalid. Asamblea Regional. 8 de octubre de 2015, jueves
El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que condena los asesinatos machistas, expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias, y se compromete a hacer realidad con todos los medios a su alcance un futuro en el que la erradicación total de la violencia contra las mujeres sea una realidad.
La declaración ha sido realizada a propuesta de la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Rosa Peñalver, y respaldada por los diputados de los cuatro Grupos Parlamentarios: Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, al término de la sesión plenaria celebrada esta mañana.
El asesinato de la joven Maimouna Diarra, vecina de Beniel ha inspirado este pronunciamiento unánime en el que se califica la violencia de género como “la expresión más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad”.
“No por ser más cercana- se puede leer en la declaración- es más terrible que otras, pero sí que es cierto que el asesinato machista consumado hace tres días en la localidad de Beniel, nos recuerda que ninguna mujer está libre de sufrir este tipo de violencia, y que la lucha por su erradicación necesita de la implicación de todos y todas sin excepción”.
La declaración recuerda que son ya cuarenta las mujeres asesinadas en nuestro país en lo que llevamos de año; treinta y un menores los huérfanos como consecuencia de estos crímenes; cincuenta mil los casos de violencia machista atendidos por la Policía y la Guardia Civil . “Cifras escalofriantes que tenemos la obligación de erradicar. Nuestro objetivo es claro. Ni una más. Y para ello es necesaria la implicación de toda la sociedad”.
“Avanzar hacia una sociedad libre y segura de violencia contra las mujeres, que garantice respuestas efectivas a las mujeres que sufren esta lacra, así como a sus hijos e hijas, generando y poniendo en marcha los mecanismos necesarios para ello, es una urgencia, así como una obligación moral”.
“La articulación de medidas encaminadas a conseguir el cumplimiento de los objetivos recogidos en el convenio de Estambul, es el reto al que se enfrentan todos los poderes públicos, sin escatimar para ello, esfuerzos, medios y recursos”, concluye la declaración.
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