La Policía Nacional al hilo de la operación JARRUF, ha detenido a un empresario de Cartagena y a catorce personas más por presuntos delitos de falsedad documental y estafa, en relación con la venta de contratos de trabajo y simulación de relaciones laborales con inmigrantes.

Las investigaciones se iniciaron en unión de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social cuando tras inspeccionar varios locales comerciales regentados por ciudadanos de origen marroquí se comprobaron discordancias entre los datos facilitados "in situ" por los responsables y los obrantes en las bases de datos de los distintos organismos.

Por tal motivo se inició una exhaustiva investigación que permitió descubrir la fraudulenta actividad "comercial" a la que se dedicaba un ciudadano marroquí, residente en el barrio de San Antón consistente en la venta de contratos de trabajo a ciudadanos extranjeros.

Esta persona, cobraba no sólo por el contrato de trabajo, sino que además, los precios oscilaban dependiendo del tiempo que los falsos trabajadores necesitaban permanecer de alta en el sistema de la Seguridad Social, pudiendo llegar en algunos casos a los seiscientos euros.

Con estas actividades ilícitas se generó una deuda que superaban los 70.000 euros, habiéndose procedido, gracias a las actuaciones policiales, a la anulación de todos los movimientos de alta en la Seguridad Social, así como de prestaciones y autorizaciones de residencia.

El principal responsable gestionaba dos pequeños locales comerciales, uno de comestibles y otro de peluquería, donde llegó a tener dados de alta en la Seguridad Social a 45 trabajadores, en su práctica totalidad de origen marroquí.

El empresario buscaba "trabajadores" tanto en la Región de Murcia como en otras provincias, especialmente Alicante y Almería, si bien también en otras tan distantes como Gerona o Baleares.

Además de gestionar los contratos de trabajo, también les facilitaba un domicilio ficticio en la Avenida de Colón del mencionado barrio, para simular la residencia de los ficticios trabajadores en la ciudad.
De las gestiones practicadas durante los meses de investigación se comprobó que en la peluquería únicamente ejerció actividad laboral un ciudadano extranjero en situación irregular, mientras en el otro negocio nunca existieron trabajadores reales.

Además de las actuaciones policiales con relevancia penal, la Inspección de Trabajo levantó las correspondientes actas en el ámbito de sus competencias.

Los contratos de trabajo y las altas en la Seguridad Social son exigidos, por la vigente legislación en materia de Extranjería, a ciudadanos extranjeros residentes con el fin de poder obtener o renovar las correspondientes autorizaciones de residencia, siendo ésta la principal finalidad de la actividad fraudulenta desenmascarada, así como la acumulación de días de cotización para el posterior acceso a prestaciones por desempleo.

Las investigaciones policiales constataron que el empresario mantenía una primera cita con los supuestos trabajadores y tras ser captados, les exigía el pago de una cantidad de dinero en señal. Una vez aceptadas las condiciones pactadas, se mantenía un segundo encuentro, donde les facilitaba previo pago, la documentación de identidad, el contrato de trabajo, la documentación de la empresa y acreditación de alta en la Seguridad Social.

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cartagena, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.