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La Fiscalía solicitó una pena de tres años y medio de cárcel para el acusado como autor de un delitoi de robo con fuerza de las cosas, mientras que la defensa solicitó su absolución.
En el plenario, los dueños de la finca indicaron que contrataron el servicio de poda a una empresa y que ofrecieron a los trabajadores la posibilidad de entrar en la cocina para refrescarse y almorzar, pero no pudieron ofrecer una prueba directa, mientras que la persona de la que sospechaban negó en todo momento haberse llegado algo de la finca. El juez Fernando de la Fuente, finalmente, archivó la causa contra el acusado. “En definitiva, a falta de un relato certero de cómo se produjeron los hechos no puede afirmarse más allá de toda duda la hipótesis acusatorio”, con lo que no se alterar la presunción de inocencia.
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