La Asociación ha presentado en el juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, que instruye el caso Novo Carthago, un escrito pidiendo que se investigue la comisión de un posible delito de fraude de subvenciones, por la recalificación masiva de terrenos agrícolas en el municipio que habían recibido subvenciones. Estas ayudas forman parte del Plan de Modernización y Consolidación de Regadíos de la Comunidad de Regantes Arco Sur del Mar Menor.

La denuncia de ANSE se produce a partir de la documentación aportada por la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente como respuesta a la petición de ANSE aceptada por la sala, solicitando que se oficiara a la Consejería de Agricultura y Agua al objeto de que informase si los territorios afectados por la Modificación Puntual 113 del PGOU de Cartagena y los afectados por el Plan de Modernización y Consolidación de Regadíos de la Comunidad de Regantes “Arcosur-Mar Menor” se solapaban en algún punto.

La Comunidad Autónoma remitió un informe firmado por el Jefe del Servicio de Infraestructuras Rurales, de fecha 26 de marzo de 2015.

En lo que respecta a los hechos investigados en los Autos del caso Novo carthago, el informe refleja los solapamientos que se producen entre el Proyecto de Mejora de Regadíos de la Comunidad de Regantes “Arcosur-Mar Menor” y la Modificación Puntual nº 113 del PGOU de Cartagena (Novo Carthago), evidenciando que no solo con los instrumentos urbanísticos aprobados inicial y provisionalmente, sino que incluso una vez que ya se había producido la aprobación definitiva de la recalificación urbanística de dichos terrenos, se continuaron aprobando y ejecutando expedientes de mejora de regadíos, con importantes inversiones de dinero público (procedente de fondos europeos principalmente), más de 9 millones de €, para la ejecución de infraestructuras de regadío en suelos que ya habían sido declarados urbanizables o urbanos y, por tanto, en los que el regadío dejaba de tener cabida.

El último responsable de la aprobación de dichos expedientes, el entonces Consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, imputado en el caso Novo Carthago, tenía pleno conocimiento de la modificación urbanística aprobada, en la que su departamento había jugado un papel fundamental, informando favorablemente.

Tras el análisis de los planos, y su comparación con la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena, ANSE ha comprobado que una parte importante de los suelos agrícolas incluidos en el citado Plan de Modernización y Consolidación de Regadíos (varios cientos de hectáreas) han sido calificados como suelos urbanos, urbanizables o de equipamientos, lo que resulta incompatible con la actividad agrícola para cuya modernización se han invertido importantes sumas de dinero procedentes, entre otros, de los presupuestos de la Unión Europea.

Entre los suelos agrícolas recalificados en el Plan General destacan:

-    Suelos residenciales situados entre las ciudades de Cartagena y La Unión.
-    Suelos para equipamientos (polígonos industriales) alrededor de la depuradora municipal de aguas residuales de Cartagena-Cabezo de Beaza, entre ésta y el Polígono Industrial de Los Camachos, y entre este y la población de El Algar.
-    Suelos residenciales situados al Sur de la población de El Algar y de la autovía a La Manga, entre esta y la sierra minera y el Cabezo de San Ginés.
-    Suelos residenciales situados al Sur de la autovía a La Manga, entre esta y el cabezo de San Ginés, la población de Los Belones y el cabezo de El Sabinar.
-    Campos de golf de La Manga Club-Plan Parcial de Atamaría.

ANSE considera un disparate no solo económico, sino también jurídico, conceder subvenciones de dinero público destinadas a la mejora de regadíos para suelos ya calificados como urbanizables, de equipamientos, y cualquier otro tipo de suelo diferente al rústico de uso agrícola.