El juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena acogió la primera sesión de declaraciones sobre la posible irregularidad de un asfaltado en Perín, en la que la concejala Florentina García rechaza cualquier responsabilidad exponiendo que entonces estaba de vacaciones, mientras que el presidente de la Junta Vecinal afirma que el constructor comenzó a trabajar sin orden oficial en un asunto que considera que no existió legalidad, mientras que el querellante, Movimiento Ciudadano, estima que se confirman la existencia de indicios de prevaricación.

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La jueza María del Mar Gómez inició ayer la toma de declaraciones sobre un asunto generado por la querella presentada por José López, edil de Movimiento Ciudadano de Cartagena, respecto a que un constructor había comenzado unas obras de asfaltado antes de que fuese aprobado por la Junta Vecinal de Perín, sospechando que se podría producir una adjudicación ilegal ‘a dedo’, siendo acusado de prevaricación el presidente de la Junta Vecinal, Antonio Madrid; y de prevaricación por omisión la edil de distrito  Florentina García, figurando en la causa también como responsable subsidiario el ayuntamiento de Cartagena.

Los protagonistas acudieron acompañados de sus abogados. Bernardino Guillén como letrado de Madrid; Francisco Pagán, como jefe de los servicios jurídicos municipales, defendiendo a la concejala; y Jesús Giménez Gallo por el denunciante.

Florentina García, según hemos podido conocer, ha rechazado cualquier responsabilidad en este asunto, exponiendo, por un lado, que en las fechas en que se produjo esta conflictiva situación y la celebración del pleno estaba de vacaciones y, por otro, que, en todo caso, sería el área de Descentralización el competente, pero que por la cuantía (menos de seis mil euros) tenía plenas competencias la Junta Vecinal. Se ha expuesto que la concejalía de distrito lleva un control político de la junta vecinal, pero no jurídico, y que el pago de los trabajos lo dispuso la Intervención Municipal, que comprueba la legalidad antes de cualquier abono.

Antonio Madrid y su abogado han expuesto que la directiva de la Junta Vecinal había aprobado el presupuesto de la empresa que llevó a cabo la obra por tratarse del presupuesto más barato y que se le comentó de forma oficiosa a esta empresa, que empezó sin orden oficial, indicándole después, al conocer que estaba ejecutándolos, que parase, pues había un error en la convocatoria de las asambleas extraordinaria y ordinaria de la junta vecinal. Después ese posible ‘vicio’ de origen quedó subsanado con la aprobación de la adjudicación por parte de la Junta Vecinal de forma unánime con todos los partidos políticos representados.

Por su parte, la parte querellante estima que en las declaraciones sí se apunta a la existencia de irregularidades en la adjudicación de trabajos con dinero público, que fue la base de su decisión de denunciar. La semana próxima volverán a declarar más testigos, que continuarán en las fechas siguientes, entre los que figura el constructor. Cuando finalice la instrucción, la jueza deberá decidir si archiva la causa o si sigue adelante como procedimiento abreviado. En este caso podría continuar con uno o dos imputados.