Escena del consejo de administración que acordó remitir la nueva documentación a la Fiscalía

Esa ‘nueva puerta’ judicial se abre al detectar en el asunto del residencial de Cartagena el ministerio público que pudiese haberse producido un enmascaramiento de su falta de solvencia económica (es decir, un delito de alzamiento de bienes), en base a la nueva documentación que aportó la sociedad municipal Casco Antiguo hace tres meses. Será un juzgado cartagenero el que lleve la investigación.

El consejo de administración de la sociedad municipal Casco Antiguo de Cartagena remitió en febrero un informe de la asesoría jurídica municipal a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que recogía el perjuicio causado al Ayuntamiento para el cobro de la deuda de Puerta Nueva y las sospechas de que podría producirse comisión de delitos societarios, de alzamiento de bienes, falsedad en documentos y delito contra la Hacienda Pública.

Esos indicios han sido estudiados por la sección de Anticorrupción de la Fiscalía, considerando que podría producir un delito de alzamiento de bienes si se demuestra que la promotora Puerta Nueva se descapitalizó de forma consciente, por lo que ha estimado abrir una causa que había sido archivada (entonces fue en base de que no se contempló que existiese una trama detrás), pero ahora con nuevas pruebas.

El asunto, según ha podido confirmar este periódico, ya se encuentra en el Decanato del Partido Judicial de Cartagena para su adjudicación en la incoación de diligencias previas a un juzgado de instrucción, que será el que lleve la investigación, pues supone agilizar el proceso, intentando evitar el riesgo de prescripción. En este asunto también es importante la aportación del juzgado de Lo Mercantil sobre la investigación de las causas por las que Puerta Nueva está en concurso de acreedores y si hay socios en otros procesos.

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