Una sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril reconoce el derecho de cerca de 300 prejubilados de Navantia en Cartagena a incrementar sus retribuciones desde  febrero de 2013 en un 3,2 por ciento (2,9 del IPC del 2012 y 0,3 de 2013).

Esta decisión judicial supondrá a cada prejubilado una cantidad en torno a 700 euros anuales durante todo el tiempo en que se encuentren en tal situación de prejubilación.

Asimismo, la sentencia indica que la decisión de la empresa de congelar las retribuciones a este colectivo desde el citado año 2013 vulnera el derecho a la revalorización del IPC durante el proceso de prejubilación y pone en tela de juicio la Ley 17/2012 decretada por el ministro Montoro en la que se congelaban las retribuciones a funcionarios y trabajadores públicos. Los magistrados reiteran su criterio de que deben de cumplirse los compromisos adquiridos en el Expediente de Regulación de Empleo en el que se regulaban las retribuciones, garantizando el incremento anual del IPC.

Al margen de dicha subida anual de unos 60 euros mensuales, los prejubilados deberán percibir las cantidades correspondientes a los años 2013 y 2014 y los meses transcurridos del presente año, lo que les supondrá percibir una media de unos 1.700 euros. A los trabajadores que ya han alcanzado la jubilación definitiva durante este período de tiempo se les recalcularán las cantidades abonadas aplicando el porcentaje de subida salarial referido.

La sentencia llega tras un proceso de información y reclamaciones individuales de todos los afectados que fue coordinado por José Luis Romero de Jódar, candidato a la Alcaldía por Ganar Cartagena -la coalición integrada por Izquierda Unida-Verdes y Socialistas por Cartagena-, en la que fue su última colaboración sindical con CC.OO antes de su jubilación definitiva e incorporación a las tareas de IU-Verdes.

José Luis Romero ha destacado que esta sentencia supone “el reconocimiento de que lo pactado a través de la negociación colectiva no puede ser modificado de forma arbitraria y unilateral, lo que constituye un principio básico de los derechos laborales”. Del mismo modo, Romero ha señalado la importancia que para la economía local tiene el hecho de que tan importante colectivo vea incrementadas sus retribuciones.