El ministro de Justicia anuncia que ya no entregará a los Registradores la gestión de los Registros Civiles, en la reunión celebrada hoy, 28 de abril, con todos los sindicatos representativos de la administración de Justicia.

Derogará, en el plazo de una semana, las disposiciones adicionales vigesimoprimera a vigesimoquinta de la Ley 18/2014 y las análogas del Real Decreto Ley 8/2014 (vigésima a vigésimo cuarta) introduciendo las correspondientes modificaciones en la ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil (en fase de enmiendas ampliada hoy de nuevo hasta el martes 5 de mayo).

Además, ampliará la vacatio legis de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 hasta como mínimo julio o diciembre de 2016, aceptando estudiar la propuesta de los sindicatos de que el plazo se amplíe hasta julio de 2017.

Desde Comisiones Obreras (CCOO), señalan que "una vez más, se demuestra que la lucha por los derechos es útil; que cuando se mantiene, cuando se comparte y  no se da por perdida, siempre hay  posibilidad de no perder derechos, de recuperarlos o de conquistarlos".

Sin perjuicio de continuar negociando para que el Registro Civil  se mantenga en el ámbito de la Administración de Justicia,  es un logro histórico  el haber obligado al Gobierno a retirar su primer intento de privatización de la administración de Justicia, indican desde el sindicato.

"Un logro  de los trabajadores, de diversos colectivos sociales y ciudadanos y profesionales,  de la ciudadanía en general. Un logro también de CCOO que nunca se resignó a la privatización,  que planteó todo tipo de denuncias judiciales ante los tribunales españoles; también ante el Parlamento Europeo y que, también por primera vez en la historia, logró que el Congreso aceptara la ILP que presentó  contra la privatización del Registro Civil y que, en menos de un mes, superó las 100.000 firmas. Siempre con el gran protagonismo de los trabajadores de los registros civiles en esa recogida de firmas", indican desde CCOO.