Diez años de cárcel piden cuatro acusaciones particulares contra un trabajador de una oficina de Cartagena que sufrió un incendio en 2008, mientras que la fiscal y la defensa piden que sea absuelto. Parece claro que el autor tuvo que ser un empleado, pero la investigación policial no encontró pruebas directas contra nadie y fueron los supuestos indicios los que polarizaron varias horas de juicio.

Noticia relacionada:

La Fiscalía defiende la inocencia de un trabajador acusado de incendiar la oficina de su empresa

La vista oral que ayer acogió la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, es de esas causas en las que casi todo se reduce a sospechas, siendo los indicios el ‘caballo de batalla’, pues para unos son insuficientes para condenar a alguien, mientras que otros tratan de darle una transcendencia suficiente que sea capaz de alterar la presunción de inocencia.

Los investigadores de la Policía Nacional concluyeron en que el fuego fue intencionado y que el autor debía ser un trabajador de la oficina de Ership SAU en la plaza del Ayuntamiento. Hay pruebas que así lo indican, pero ninguna sobre su autor. Esta situación llevó en su día a la Fiscalía a solicitar que fuese archivado, lo que no se llevó a cabo por la insistencia de las cuatro acusaciones particulares que se han presentado, que representan a la empresa (representada por la abogada Isabel Rosique), a la aseguradora Santa Lucía, a una chocolatería que reclama la indemnización de los daños sufridos (abogado Eladio Guillamón) y a un vecino que cobró los desperfectos, pero que busca justicia por el riesgo que tuvo su familia (abogado Jesús Giménez Gallo). Todos piden 10 años de cárcel hacia el empleado al que acusan, penas que en el caso de la chocolatería también se le añaden unos once mil euros de responsabilidad civil y en el de la aseguradora un montante de cerca de veinte mil euros por el dinero desembolsado a los afectados.

Enfrente están la defensa, representada por José Luis Petrel, y la fiscal. Ambos reclaman la absolución del acusado, al no existir pruebas que lo incriminen.

El primero en testificar fue el imputado, del que algunas declaraciones se pueden escuchar en el vídeo adjunto. Las acusaciones tratan de buscar un móvil que refuerce las sospechas hacia esta persona. Así, expusieron que tenía problemas económicos y quería hacer desaparecer 3.500 euros que se habría gastado o que existía malestar hacia la empresa. El encausado lo rechazó todo negando que tuviese problemas económicos o que estuviese molesto con la empresa porque no hubiese cumplido los acuerdos de compra de la misma a su padre (“en absoluto, pues mi padre antes no tenía futuro y sí con esta venta”) o a nivel particular (“estaba encantado de mi puesto de trabajo”), dice quien ahora está en situación de desempleo.

Respecto a los 3.500 euros que supuestamente estaban en su mesa y ardieron, aseguró que era cierto. Fue también la persona que a la policía le indicó dónde había un algodón que pudo ser el inicio del fuego, “lo dije porque al mirar vi cosas extrañas”. Sobre esto último, un policía confirmó que fue la persona que se dirigió a ellos, mientras que otro no lo reconoció, aunque figura en el atestado. El instructor del caso confirmó que en un primer momento el asunto del dinero (lo recogieron como una simulación de delito) y varias contradicciones, además de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad bancarias en la calle Mayor, apuntaron al acusado como sospechoso, cuya mesa era la única alterada de la oficina.

Un bombero también explicó que el fuego se desarrolló con una combustión lenta “por la falta de oxígeno al estar en un luchar (archivo) cerrado” y un compañero de trabajo confirmó que un ordenador se utilizó esa noche sobre las 22.07 horas. Esta persona y otros empleados expusieron del carácter algo variante del acusado y que hizo algunos comentarios adversos a la empresa, pero no consideran que fuesen de una gravedad especial. También declaró la exesposa, quien dijo que unos dos años más tarde encontró una bolsa con la ropa que llevaba esa noche y una carpeta (los investigadores no encontraron pruebas en estos objetos), en la que había restos de hollín, lo que acusado justificó diciendo que con ese vestuario entró en la oficina tras el incendio. La mujer también afirmó que días más tarde del suceso su expareja le confesó que se había gastado el dinero en prostitutas y en juego.

En las conclusiones, las acusaciones consideran que todos los indicios “no llevan a pensar en esta persona como autor”, concluyendo que pudo “entrar en un ordenador que sólo usaba él y otra persona, después iniciar el fuego y, como era de combustión lenta, salir tranquilo a la calle, siendo visto por las cámaras a las 22.15 horas. Pudo haberlo tenido todo preparado”, indicaron, además de hacer hincapié en las contradicciones de sus declaraciones.

La fiscal también se refirió a esas contradicciones, pero considerando que no implican que fuese el autor, pues “no hay pruebas hacia él ni un móvil claro, ni tampoco es relevante que pudiese estar descontento de la empresa”. El abogado de la defensa, Petrel, por su parte, además de esos argumentos y de que la propia Policía Nacional no lo incrimina, añadió que eran “más de una veintena de personas las que tenía acceso, pues además de que los trabajadores de la oficina tenían llave, había otra a disposición de los que trabajaban en el puerto”, recordando que por esa época es cuando Cartagena tenía un fuerte conflicto entre los estibadores del puerto y las empresas consignatarias por las horas extras.

El tribunal, integrado por José Manuel Nicolás, Miguel Ángel Larrosa y José Francisco López será el que resuelva con su sentencia un asunto en el que las ‘llamas’ siguen sin apagarse casi siete años después.