La defensa de los siete acusados del Club Glamour de Pozo Estrecho rechaza que sus clientes explotasen a mujeres en el ejercicio de la prostitución y que se lucrasen, solicitando la absolución, mientras que la fiscal piden penas de cárcel que suman 51 años. El juicio no pudo celebrarse ayer en la Audiencia por ausencia de cuatro testigos, dos de ellos considerados muy importantes.

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Delitos que se juzgan: Delito contra los derechos de los trabajadores y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Acusados y penas solicitadas: José (titular del negocio), Francisco y Stafana ‘Mami’ se enfrentan a penas de prisión de seis años por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de tres años, más el pago de 3.600 euros, por el delito contra los derechos de los trabajadores. Por su parte, las cuatro personas a la que se les atribuyen los traslados desde el aeropuerto al night-club (dos de ellos ejercían también de porteros del local) se enfrentan a seis años de prisión por el segundo delito mentado. Los abogados de las defensas (Juan Francisco Pérez Avilés, Esther Guzmán Linares, Javier Martínez López y Ana Sánchez Aliaga) solicitan la absolución.

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La Fiscalía considera que en el Club Glamour, cuando intervino la Policía Nacional en 2010, llevaba a cabo prácticas ilegales de explotación en torno a la práctica de la prostitución, además de contar con dos mujeres para las funciones de camarera, ayudante de cocina y limpiadora que trabajaban sin contrato y en situación irregular.

El juicio se iba a desarrolar en dos jornadas esta semana (ayer y hoy) en la sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, tras instrucción del juzgado número 2. Estuvieron los siete acusados, pero faltaron cuatro testigos, de los que dos (las mujeres antes nombradas) son consideradas muy importantes para la fiscal, pues sobre ellas gira la base de uno de los dos delitos que se juzgan. Están en paradero desconocido y se tratará de localizarlas para fijar entonces una nueva fecha. Los argumentos del ministerio público se pueden conocer en el artículo publicado el pasado viernes. 

Las defensas sostienen que los siete son inocentes y afirman que tenía un negocio hotelero “con toda la documentación en regla” en el que cobraban “los gastos de habitación, alojamiento y mantenimiento”, pero en el que no existía “explotación sexual lucrativa” por parte de los clientes. “Cada una hace en su habitación lo que quiere, pero por interés propio. No hay nada ilícito y, en todo caso, se podría debatir una irregularidad administrativa”.

En esta causa cabe indicar que había un octavo imputado, cuyas acusaciones se han sobreseído.