Escrito por Carlos Illán - AgenCYA. 14 de enero de 2015, miércoles
Dos técnicos municipales del ayuntamiento de San Javier sitúan en treinta y seis las personas acusadas en una causa que ya han llevado cinco jueces en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Javier y que en su relación de imputados figura José Hernández, ex alcalde de la localidad marmenorense.
El exalcalde llegando a los juzgados para declarar en una imagen de archivo
La causa abierta hace siete años por una investigación llevada por la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil y dirigida por el juzgado número 1 de San Javier sigue latente, pese al tiempo transcurrido. El momento más mediático tuvo lugar en junio de 2010 cuando fueron detenidas cinco personas en un procedimiento abierto por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias y malversación, entre otros, dentro de una supuesta trama de corrupción urbanística. Entre los arrestados estaba José Hernández, quien ocupó la alcaldía de San Javier entre 1999 y 2007, un arquitecto y empresarios.
El asunto ha seguido su instrucción en el juzgado más sobrecargado de trabajo de España, por el que han pasado (s.e.u.o.) cinco jueces diferentes, alcanzando la cifra de 34 imputados, que ahora se eleva a dos más con las imputaciones efectuadas hace unos días porel juez Miguel Ángel González a dos arquitectos técnicos municipales. Uno de ellos ha contratado a la abogado María Dolores García León para su defensa, la cual considera que esa acusación estará “prescrita, pues este asunto surge por una denuncia presentada por la Fiscalía en diciembre de 2007”, añadiendo que en octubre de 2010 “un auto recogía que mi cliente ya declarase, pero no ha sido citado ni como imputado ni como testigo”.
El sumario, con más de setenta tomos, fue levantado hace año y medio, más o menos, pero en este capítulo también hay su particular historia, pues, según hemos podido conocer por otros letrados que representan a acusados, desde la Gerencia de Justicia se ha indicado que pueden acceder al mismo haciéndole fotocopias, pero estos abogados consideran que se trata “de un procedimiento irregular e inaudito hacerlo de esa manera, pues debe ser el juzgado el que lo facilite en forma para que se marque el plazo correspondiente para ejercer el derecho de defensa con los recursos”.
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