El secretario de Justicia y Libertades Públicas del PSRM, José Miguel Muñoz Andreo, manifestó, a propósito de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que “la celeridad en la resolución de las causas de corrupción no pasa principalmente por reducir el plazo de instrucción de las mismas, sino de manera esencial, por no escatimar en  la implementación de medios técnicos y humanos para que los procesos se desarrollen con  todas las garantías”.

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Para Muñoz Andreo el Gobierno de Garre no puede interpretar este nuevo marco legal como la respuesta a sus reivindicaciones para que los asuntos sobre corrupción se tramiten con mayor premura. Según el responsable socialista, en la práctica, el plazo máximo de 36 meses que contempla supondría que todos los casos que afectan al PP murciano tendrían que ser archivados por expiración del plazo; “y queremos pensar que cuando Garre pide celeridad se está refiriendo al fondo del asunto, a que quien haya cometido un delito lo pague, y no a que se dicten sentencias absolutorias por defectos de forma o por limitaciones de tiempos de investigación”.

Para José Miguel Muñoz resulta muy extraño que el Gobierno regional, desoyendo a jueces y fiscales que piden más medios, opte por apoyar la limitación del periodo de instrucción. “La precipitación en la instrucción de las causas lleva sin solución de continuidad a errores que desembocan en nulidad ¿Acaso se busca eso?”

Para el PSOE, el presidente Garre debería reunir con carácter inmediato a todos los agentes judiciales de la Región (TSJ, Fiscalía, Audiencia Provincial, Colegio Abogados, Colegio Procuradores, sindicatos, asociaciones) para determinar qué consecuencias puede deparar para la Región de Murcia el Anteproyecto recién aprobado, ya que, aparte los casos de corrupción, existen juzgados absolutamente colapsados en diferentes partidos judiciales de la Región.

“El presidente debe escuchar a los expertos y sacar conclusiones, y en caso de que la reforma resulte negativa para la Región deberá convertirlas en reivindicaciones ante el Ministerio de Justicia, y en su caso, realizar las alegaciones oportunas al Anteproyecto para salvaguardar que el que la hace la paga y que la justicia regional tenga todos los medios necesarios para llevar a buen término todos sus procedimientos”, concluyó.