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La vista celebrada el pasado viernes en los juzgados de San Javier estuvo rodeada de un esperpéntico despliegue de seguridad dispuesto por la Guardia Civil (el mismo cuerpo que hizo unas determinadas medidas en unos días muy concretos en los que no había olores, casualmente, en contra de las observaciones hechas por otros agentes y técnicos). Un despliegue de seguridad propio de autoridades públicas, pero no a un ciudadano que ha presentado una demanda civil.
Ya en la vista, el fiscal no admitió que la defensa del medio de comunicación presentara ninguna alegación en contra de las acusaciones del empresario de los asfaltos, lo que sorprende a todos los juristas consultados. Por su parte, inexplicablemente, el abogado de la fábrica, acusada por los vecinos de la zona, reconoció en la vista, y en la demanda, que el medio de comunicación publicó en todo caso lo que los vecinos y diferentes técnicos, empresas y la Justicia decían en cada momento, pero la queja (de los demandantes) es que “el medio y el periodista informan de manera partidista”, es decir pretenden modelar cómo debe actuar un periódico y sus periodistas, tan sólo porque se sienten perjudicados por las informaciones, aun respondiendo las mismas a la técnica del reportaje neutral, idea que procuran desmontar a lo largo de la demandan pero cada vez que lo intentan, hacen una descripción de hechos que justamente encajan en el reportaje neutral.
De admitirse a trámite una demanda así, ya pueden ir preparándose todos los medios de comunicación de España, porque de hacerse eco de las demandas vecinales y sus quejas, pueden ser víctimas de una demanda que pida la censura como medida cautelar.
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