Movimiento Ciudadano (MC), cree que existen irregularidades en los contratos de suministros del ayuntamiento de Cartagena con Dalkia, mercantil en la que han desarrollado su actividad profesional José Antonio Alonso y Fidel Saura, imputados en este caso.

MC ya preguntó en el Pleno municipal en el año 2011 por las modificaciones en la concesión de la piscina municipal de Wssel de Guimbarda, a la que viene referida la factura más cuantiosa de las abonadas por el Ayuntamiento a Dalkia. Según ha tenido noticia este grupo municipal, el Ayuntamiento ha satisfecho en los dos últimos años más de 100.000 euros a esta mercantil.

En Dalkia han trabajado José Antonio Alonso Conesa y José Fidel Saura Guerrero, imputados en la operación Púnica, el primero de ellos como miembro de un entramado de tráfico de influencias a través del cuál se obtenían adjudicaciones de contratos públicos, habiendo sido con anterioridad, alcalde del PSOE y concejal del PP del ayuntamiento de Cartagena, respectivamente.

José López, concejal de MC señala que “en MC comprendemos que los políticos retirados se ganen la vida en la empresa privada, pero no compartimos, y consideramos amoral, cuando no otro adjetivo más grueso, que estos Señores hagan sus negocios de modo reiterado con el Ayuntamiento presidido por Pilar Barreiro, cuya relación de confianza con ambos es pública y notoria”.

Sucede que tres de estos suministros, cuyo importe total queda por debajo de los 18.000 euros y por separado no superan los 6.000 euros, vienen referidos al auditorio El Batel, en el que recuerdan que además de costar tres veces lo presupuestado, gracias a unas revisiones de precios muy oportunas que elevaron el coste a alrededor de 60 millones de euros, cuando se adjudicó su explotación, el Ayuntamiento asumió el mantenimiento y, además, otorga una generosa subvención anual a la concesionaria, que está siendo investigada por el Tribunal de Cuentas.

Ante esta situación, indica el Concejal de MC, “nos queda la sensación de que, una vez más, están disponiendo del dinero de los cartageneros para servir intereses privados”. La citada afirmación viene fundada en la sospechosa cuantía de las facturas, que en todos los casos está un poco por debajo de los límites legales que exigen mayores garantías para la contratación, pudiendo estar ante un supuesto de fraccionamiento de facturas para evitar dicho control.

Y asimismo insiste “ya en 2011 preguntamos al Pleno por el traslado fuera de la piscina municipal del concejal del ramo, que hizo hueco para que en una de las oficinas del edificio se instalara un antiguo concejal socialista, afín al imputado ex alcalde, poniendo de manifiesto que se podrían haber alterado los términos del concurso”.

Según aparece en los medios el teniente de alcalde, José Cabezos, precisamente la misma persona que abandonó las instalaciones de la piscina en su día, indica que este gasto trae causa en un vicio oculto, por lo que ha sido el Ayuntamiento quien ha abonado el pago de la caldera, varios años después del inicio de la concesión, indican desde MC.

El concejal José López manifiesta que “el pasado lunes 10 de noviembre solicitamos al Ayuntamiento las facturas de Dalkia y los expedientes administrativos, en particular el relacionado con la concesión de la piscina y ese vicio oculto, que ya imaginábamos que alegarían, y aunque es evidente que entregan la información a los medios antes que a los concejales, cuando accedamos a los expedientes comprobaremos las razones de Cabezos, y actuaremos en consecuencia”.

Y prosigue el concejal, “el pliego de condiciones del concurso era claro, y la concesionaria asumía a su riesgo y ventura la concesión, explicitándose en él que los gastos de conservación, mantenimiento y explotación eran asumidos por la concesionaria, por lo que nos parece que estamos nuevamente ante el vicio de ocultar y adjudicar a dedo el gasto público, tan propio del gobierno de la alcaldesa Barreiro”.

Ante esta situación, y pendiente la consulta de la documentación solicitada, MC actuará en consecuencia y exigirá responsabilidades al Gobierno Local, en el Pleno Municipal, y fuera de éste, si la respuesta no es satisfactoria.