Escrito por Carlos Illán - AgenCYA. 10 de noviembre de 2014, lunes
A la sexta fue la vencida y el juicio que se había popularizado porque uno de los dos acusados no aceptó una sentencia de conformidad porque quería 'contar su verdad', finalmente se cierra con un acuerdo entre las partes por el que son condenados a penas de 11 años de cárcel más el pago de la responsabilidad civil de la estafa que cometieron.
En noviembre de 2013 dos hombres se sentaron en el banquillo de los acusados de la sección quinta de la Audiencia Provincial para enfrentarse a penas de 8 años de cárcel por un delito de estafa en una empresa de frutas de Fuente Álamo, que reclamaba 109.752 euros que le habían arrebatado con pagarés que le habían arrebatado. Uno de los imputados, hermano del dueño, se hizo con un juego de llaves que entregó al otro imputado. Extendieron 87 pagarés de la Caja Rural Regional, que entregaron a terceros o cobraron en efectivo, siendo el importe de la estafa el antes indicado.
En aquella fecha se acordó entre la fiscal y la acusación particular, representada por Francisco Belda, de Ruipérez Aboados, y los letrados de las defensas (Julio Frigard y Juan Léon) dejar la condena en 21 meses de prisión. Sin embargo, cuando debían confirmar la sentencia los acusados ante el tribunal, uno de ellos dijo que no aceptaba porque quería decir su verdad. Después se ha fijado la vista oral en varias ocasiones, pero siempre había un acusado o algún testigo enfermo. Así hasta cinco suspensiones.
Ahora, por fin, se cierra el asunto, pero con un acuerdo y sin conocer la famosa 'verdad'. En el acuerdo, ambos son condenados por delitos de falsedad en documento mercantil y por falsedad en documento mercantil, en ambos casos en concurso con el de estafa, aplicándose a ambos la atenuante de dilaciones indebidas. Finalmente, Gaspar Tovar (el de la 'verdad') es condenado a 11 meses de cárcel (se le aplica la exhimente de parentesco) y al pago de una multa de 300 euros y a devolver a la empresa 5.000 euros. Por su parte, Salvador Segado tiene la misma condena penal pero la responsabilidad civil se eleva a 104.752 euros, siendo también de 300 euros la multa. Al aceptar la condena, ambos confiesan ser autores de lo que se le acusaba.
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