El letrado Juan Francisco Pérez Avilés (en la imagen) solicita a la jueza de Instrucción número 4 la nulidad en base a una reciente sentencia de septiembre del TribunalConstitucional que determinó la nulidad de grabaciones en escuchas ambientales en dependencias policiales. Por otro lado, la jueza María Antonia Martínez ha fijado, tras petición de dos letrados de las defensas,la fecha del 5 de noviembre para reconstruir los hechos previos a la muerte del vecino de la Barriada Virgen de la Caridad.

La validez jurídica de las grabaciones efectuadas en los coches patrullas 'zetas' a los seis agentes de la Escala Básica de la Policía Nacional acusados de participar en la muerte de Diego Pérez el 11 de marzo pasado están ahora en el aire tras la petición presentada por el abogado Juan Francisco Pérez Avilés, quien defiente a uno de los policías, instando a la jueza María Antonia Martínez Noguera a que anule el autor de fecha 11 de junio que acordó disponer de la instalación de un sistema de escuchas del sonido ambiental de los vehículos policiales de servicio utilizados por los investigados, así como la de todas las grabaciones y transcripciones de las mismas que constan en las actuaciones de esta causa.

La base de esta petición es una sentencia de fecha 22 de septiembre de 2014 de la sala segunda del Tribunal Constitucional "que declara la nulidad de estas grabaciones y la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones en cuanto se refiere a las grabaciones efectuadas en dependencias policiales", indica el letrado Pérez Avilés, para quien los criterios de esta sentencia son "absolutamente aplicables" a este caso de Cartagena. "Nadie puede negarnos que el interior de un vehículo policial es también sede policial estricta", añade, matizando que la sentencia del TC se refiere a un asunto en Zaragoza en el que se instalaron para escuchar a personas ya detenidas y acusadas de asesinato, "mientras que en Cartagena, en cambio, se instalan para escuchar a ciudadanos que, en ese momento, ni estaban detenidos ni acusados; como mucho eran meras sospechas las que recaían sobre ellos".

Las escuchas, pese a que, por lo que se conoce, no ofrecen una prueba directa de este asunto, está haciendo correr ríos de tinta en otros medios informativos. Con esta medida, el abogado trata de reducir las hipotéticas bases de la acusación o indicios hacia su cliente.

Por otro lado, la jueza de Instrucción 4, tras petición de los abogados Mariano Bo y Vicente Sanmartín, ha fijado la fecha del 5 de noviembre, a partir de las cuatro de la tarde, para reconstruir lo que sucedió aquel 11 de marzo, desde el momento en que Diego Pérez fue subido al vehículo policial y su posterior traslado a la playa de la Cortina. Otra novedad es que se volverá a tomar declaración al testigo que dijo ver a la víctima días después de esa fecha.