"Diego Pérez salió de su domicilio a las 4.45 horas del 11 de marzo, fue trasladado por los agentes a la Cortina, donde estuvo entre las 5.00 y las 5.05 horas, volviendo después a su domicilio". Es una de las conclusiones que el letrado Raúl Pardo-Geijo (en la foto) ha expuesto a la jueza en la petición de libertad provisional para su cliente, uno de los seis policías nacionales detenidos por la violenta muerte del vecino de la barriada Virgen de la Caridad (Cartagena). También considera que no hay pruebas directas, que las grabaciones e interrogatorios a los agentes no los incriminan ("hacer una intervención malísima no significa que seamos delincuentes", dijo uno de los imputados) y, entre otros aspectos, que el testigo se pudo confundir y en vez de "lo llevamos a la guarida" lo que realmente escuchó era: "Lo llevamos a la Cortina". Las defensas también quieren conocer el rastreo del teléfono móvil de la víctima posterior a las seis de la mañana de ese día.

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Las defensas de los seis agentes de la Escala Básica de la Policía Nacional de Cartagena están desarrollando sus actuaciones en este asunto con dos frentes. Por un lado, el referente a la exculpación de sus clientes. Por otro, señalando otras vías de investigación para localizar a quien realmente asesinó a Diego Pérez.

Raúl Pardo-Geijo, al igual que sus compañeros letrados, ha solicitado a la titular del juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena que su cliente abandone de la situación de prisión provisional al considerar que no existe riesgo de fuego o de destrucción de pruebas, entre otros argumentos, como "es la inexistencia de motivos bastantes para creerlo responsable del delito", indica a este diario, extendiendo esa apreciación al resto de agentes detenidos.

Considera que las informaciones aportadas por testigos son imprecisas respecto a datar concretamente la muerte de Diego Pérez, además de imprecisiones con respecto a lo que dijeron cuando desaparecieron este vecino de Virgen de la Caridad. También considera Raúl Pardo-Geijo que no hay declaración alguna de las agentes cuando fueron interrogados o en las grabaciones secretas en los 'zetas' que los incriminen. "Uno expresó que una mala actuación no significa que sean unos delincuentes y otro que quiso contar lo sucedido en su día, pero no lo hizo porque sus compañeros no le hicieron caso en sus requerimientos de contar la verdad, pero que en absoluto mataron a Diego Pérez. Respecto a las grabaciones, aunque hay algunas 'kafkianoas', más bien los exculpan", indica.

El abogado también rechaza frases que han salido en varios medios de comunicación, como: "Lo llevamos a la guarida". Entiende que más bien tuvo que ser: "Lo llevamos a la Cortina".

Otra prueba en la que hace hincapié es que los tres vehículos 'zeta' estuvieron menos de cinco minutos detenidos en la Cortina. "Los tres coches pasaron por delante de las cámaras entre las 4.58 y las 5.00 horas, siendo captados a la vuelta a las 5.05 horas, por lo que no hubo tiempo a efectuar ese crimen que se les imputa. Después, a las 5.10 regresan dos a la playa y el restante a las 5.14, abandonándola a las 5.17. Luego uno volvió a las 6.14 y se fue a las 6.20 horas. Entiendo que esas actuaciones se corresponde con que estaban buscando a Diego Pérez".

El abogado vuelve a hacer hincapié en que un testigo lo vio subirse al coche policial con una ropa y el cadáver apareció el 25 de marzo con otro vestuario. También con la persona que dijo haberlo visto el domingo 16 de marzo, durante la bajada de la Virgen de la Soledad desde la ermita del Calvario de Cartagena. También que la puerta del domicilio del fallecido fue encontrada abierta y con la luz encendida después de las seis de la mañana del 11 de marzo.

"Mi conclusión es que don Diego salió de su domicilio a las 4.45 horas, cerrando el mismo la puerta y yendo a esperar a la policía, siendo trasladado después a Cala Cortina, donde salió corriendo regresando a su domicilio, que abandonó después dejando al puerta abierta y la luz encendida. Ahí es cuando pudo cambiarse de ropa".

Las defensas han solicitado conocer el rastreo de llamadas del teléfono móvil del fallecido registrado después de las seis de la mañana de ese 11 de marzo.