El juzgado de Lo Social número 2 de Cartagena será el que determine si Jacinto Martínez Moncada sufrió un despido nulo o improcedente como gerente de la Sociedad Casco Antiguo o se trató de un cambio de ubicación laboral. El juicio se ha celebrado esta mañana, figurando entre los testigos dos ediles del PP (Francisco Espejo y José Cabezos) y uno de los partidos de oposición en el ayuntamiento de Cartagena: PSOE (Caridad Rives), IU-V (Cayetano Moltó) y MC (José López).

José Cabezos, Cayetano Moltó, Caridad Rives, el abogado Vicente Pérez Pardo y José López

Jacinto Martínez Moncada estuvo en la Sociedad Casco Antiguo desde el origen de esta entidad en 1996 hasta el pasado mes de febrero, en que fue trasladado por el ayuntamiento de Cartagena al puesto de asesor jurídico del Área de Empleo. Aquella decisión ha culminado en la mañana de hoy en la vista oral ante el magistrado Salvador Díaz por demanda de despido nulo o improcedente, que es lo que ha planteado Moncada a través del abogado Juan Antonio Victoria, que considera que se trata de un despido en una relación común laboral, como refleja que existía un contrato de trabajo. Por parte municipal el jefe del gabinete jurídico, Francisco Pagán Martín-Portugués ha sostenido que no existe el despido, sino que fue cambiado de puesto, y que, en todo caso, se trataría de una relación laboral especial de alta dirección por el carácter especial que tenía tanto por las competencias, poderes, horarios y salarios.

El juicio, que se ha prolongado durante unas dos horas, ha contado con la presencia de cinco concejales a petición de la parte demandante. El edil Francisco Espejo ha declarado como representante legal de la empresa, en este caso como presidente del consejo de administración, exponiendo los argumentos de la decisión que se adoptó en el pasado mes de febrero. También han entrado en sala José López (Movimiento Ciudadano, quien ha estado acompañado por su abogado, Vicente Pérez Pardo), Caridad Rives (PSOE) y Cayetano Montiel (Izquierda Unida-Verdes), quienes consideran que fue despedido por haber llevado a los tribunales las irregularidades del PERI CA4. Este último ha indicado a este periódico que no consideran que fuese "un cargo político, sino técnico", reiterando los motivos que su partido expuso en su momento (PINCHAR AQUÍ). Por su parte, Cabezos no llegó a declarar dada la larga duración (unas dos hors) y que sus testimonios ya habían sido expuestos por su compañero Espejo.

Dos apuntes finales. Por un lado, que, en el supuesto de que se considere el despido improcedente y el Ayuntamiento no readmitiera a Moncada en su puesto de trabajo, la indemnización hipotética alcanzaría los 223.000 euros por el tiempo trabajo.

El otro se refiere al ministerio Fiscal, que estuvo presente ante una supuesta vulnerabilidad en este caso de derechos fundamentales del trabajador, pero que, al final, en sus conclusiones, expresó que no veía que se hubiese producido discriminación alguna hacia Jacinto Martínez Moncada.