* Homicidio, detención ilegal y tenencia ilícita de armas son los tres delitos sobre los que trabaja la instrucción de la violenta muerte de Diego Pérez en Cartagena

* Podrían abrirse otros procedimientos judiciales o expedientes disciplinarios si hay pruebas o indicios de que los policías nacionales detenidos cometieron otras ilegalidades ajenas a esta causa

* En otros juzgados están abiertas otra causa por una denuncia de maltrato policial y por la denuncia sindical de las escuchas en los coches 'zetas'

Entrevista a familiares de Diego Pérez emitada en el programa de Ana Rosa de Telecinco (pinchar sobre la imagen)

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Las noticias relacionadas con la detención de seis agentes de la Policía Nacional por la violenta muerte de Diego Pérez en Cartagena se multiplican en los diversos medios informativos nacionales, regionales y locales, en los que se suceden todo tipo de comentario. Sin embargo, hay que diferenciar los asuntos directamente relacionados con este asunto de los que no se corresponden con lo que pudo suceder en el pasado mes de marzo. La instrucción, que dirige la magistrada María Antonia Martínez como titular el juzgado número 4 de Cartagena, tiene a la Fiscalía de Cartagena, a través su responsable, y al letrado Francisco Belda, de Ruipérez Abogados, en el lado de la acusación, tratando de conectar los hechos que ya parecen demostrados, como son que los agentes de la Escala Básica de la Policía Nacional introdujeron en su vehículo a Diego Pérez y que después tomaron rumbo a la playa de la Cortina. En ese lugar fue donde, en la madrugada del 11 de marzo, falleció el vecino de la Barriada Virgen de la Caridad, según deduce el informe forense y el de otros informes de investigadores de la Universidad de Cantabria. Según los policías, efectivamente llevaron a Diego a la playa, pero después salió corriendo y no saben nada más. De momento, no existe una prueba directa, por lo que conectar a través de indicios esos dos capítulos es el trabajo actual de la acusación. Las defensas, por su parte, tratan de demostrar que no existe relación y que Diego fue visto con vida unos días más tarde.

Los tres delitos que finalmente podrían establecerse en este asunto serían homicidio (Diego falleció a consecuencia de los golpes recibidos antes de ser arrojado al agua), detención ilegal (fue introducido y trasladado en los 'zetas' policiales sin aparente sentido) y tenencia ilícita de armas, pues se le han encontrado a dos agentes pistolas que no estaban registradas.

Los agentes proclaman su inocencia respecto a la muerte de Diego en las declaraciones en Comisaría y ante la jueza. Tampoco en las grabaciones efectuadas a sus vehículos en horas de servicio se han registrados 'confesiones'. Sí han transcendido gran parte de las conversaciones, en las que hablan de asuntos que pudieran ser irregulares, como levantar diversas actas por tenencia de drogas, entre otras, o conversaciones que dan a entender que golpear a detenidos es algo normal. Sin embargo, la investigación trata de determinar si son comentarios con fondo sólido o 'fanfarronadas'. De ser lo primero, la jueza podría deducir testimonio y abrir una causa paralela. El asunto también podría generar un expediente disciplinario. De no estar claras esas manifestaciones efectuadas en sus vehículos, no tendría más transcendencia.

Extracto del programa Ana Rosa de Telecinco (pinchar sobre la imagen)

Este asunto, como informó este periódico fechas atrás, ha generado que algunos ciudadanos se hayan dirigido a abogados y, al parecer, a la propia Comisaría, exponiendo que han sufrido maltratos policiales. Lo único concreto que hasta el momento hemos podido conocer es que el juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena tiene un procedimiento abierto de un ciudadano contra policías por maltrato, pero no parece que estos señalados sean los policías detenidos.

Sí tiene alguna relación con la detención de los agentes el procedimiento abierto en el juzgado de Instrucción número 2 por la denuncia que un sindicato policial interpuso al conocer que se habían colocado escuchas en los coches policiales, estimando que se vulneraba el derecho a la intimidad.