La Policía Nacional detiene a quince personas en una operación contra la explotación laboral. Ciudadanos extranjeros eran trasladados en furgonetas a explotaciones agrícolas de distintas provincias para trabajar en condiciones precarias y cobrar 25 euros diarios por largas jornadas laborales, del que se descontaba parte por transporte o sanciones, entre otras.

La investigación comenzó en diciembre de 2013 cuando, por distintas denuncias, se tuvo conocimiento de la presencia de un individuo marroquí, afincado en Beniel, el cual pudiera estar lucrándose de la explotación laboral de compatriotas suyos, algunos en situación irregular, dedicados a labores agrícolas en diversas explotaciones de Murcia, Almería, Alicante y Valencia.

Tras diversas gestiones se pudo comprobar que numerosos trabajadores extranjeros eran sometidos a jornadas de trabajo muy superiores a las legalmente permitidas. A cambio de ello percibían una remuneración muy baja, de 20 a 25€ diarios, a la que se detraían cantidades en concepto de transporte, comisiones para los encargados y sanciones.

La empresa de Trabajo Temporal de la que dependían los trabajadores extranjeros, con sede social en una localidad de Córdoba, realizaba los pagos en metálico por el presunto conocimiento, por parte de los responsables de la citada empresa, de la situación de irregularidad administrativa en la que se encontraban la mayor parte de los mencionados trabajadores y por tanto la imposibilidad de ser contratados y cobrar su salario mediante transferencia banca. De esta forma la empresa mantenía la opacidad de sus actividades eludiendo así cualquier obligación de tipo administrativo y fiscal.

Tras diversas vigilancias se articuló un dispositivo policial,  a principios de año, donde se detuvo a catorce ciudadanos extranjeros, diez por encontrarse en situación irregular y cuatro por su presunta responsabilidad sobre la explotación laboral de estos trabajadores a los que se les ha imputado delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

Con posterioridad y tras diversas indagaciones, se logró identificar al principal responsable que fue detenido a principios de abril. En el momento de su detención y tras el registro de su domicilio se intervinieron 22.000 euros en efectivo, una furgoneta y abundante documentación.

A pesar de que el máximo responsable es un ciudadano comunitario perteneciente a otro país de la Unión Europea, dada la gravedad de los hechos, se procedió a incoar un expediente de expulsión por ser considerado una amenaza contra el orden y seguridad pública.

Los quince detenidos son de nacionalidad marroquí (14) y rumana (1), con edades comprendidas entre los 23 y los 50 años.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Murcia.