El apuñalamiento de un hombre en la puerta de un local de copas de la Alameda de San Antón (Cartagena) en la Navidad del pasado año, ya tiene sentencia, habiendo impuesto la sección quinta de la Audiencia Provincial la pena de tres años de cárcel al autor, quien estuvo en busca y captura varios meses. Además, el fallo judicial establece una orden de alejamiento de cinco años y el pago de las costas y de unos cinco mil euros para la víctima, quien tuvo que ser operado varias veces, pues la herida puso en peligro su vida, y que en este proceso ha estado representado por Francisco Belda (en la fotografía), letrado del despacho Ruipérez Abogados (pinchar sobre el nombre en rojo).

• Anexo. La sentencia.

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Dos meses en busca y captura

Faltaban diez minutos para las ocho de la mañana siguiente a la noche de Reyes. Entonces, como da por probado la sentencia judicial, el acusado cogió una botella de alcohol que un hombre había dejado en el suelo. Éste, al darse cuenta, le recriminó su acción, comenzando una discusión en la que el imputado derribó de un puñetazo a la otra persona, que cayó al suelo. Al levantarse recibió una puñalada en el abdomen. El agresor huyó y la víctima fue trasladado al hospital de Santa Lucía, siendo operado en varias ocasiones y tardando casi dos meses en recuperarse de una lesión que puso en riesgo su vida, según reflejó el informe forense.

La identidad del autor, entonces se dijo que era un mendigo, se facilitó gracias a los testimonios de los testigos y a las cámaras de seguridad de la zona, ordenando la jueza María del Mar Gómez, titular de Instrucción 3, una orden de búsqueda, además de imputarle el delito de tentativa de homicidio.

Finalmente, el asunto llegó a la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, resolviendo el tribunal compuesto por José Manuel Nicolás, Matías Soria (ponente) y José Francisco López. Antes del juicio hubo un acuerdo entre la Fiscalía, el abogado de la acusación particular (Francisco Belda) y la defensa, representada por el letrado Alberto Martín, que dejó la condena en tres años de prisión, cinco años de orden de alejamiento y el pago de las costas más la responsabilidad civil, cifrada en 1.574 euros por las lesiones y 3.388 euros por las secuelas, más los intereses. En los casos de insolvencia, el responsable civil subsidiario es el fondo nacional de ayuda a las víctimas de delitos violentos.