La Agrupación de Jóvenes Abogados de Cartagena (AJA), en colaboración con el Colegio de Abogados de Cartagena, ha organizado una mesa redonda sobre el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que se desarrollará el 9 de abril, a las 17.30 horas, en el salón de actos del Colegio.

Con motivo de la aprobación por el Consejo de Ministros y tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, desde la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), en la que se integra AJA Cartagena, han iniciado una campaña divulgativa sobre la reforma proyectada, "manifiestamente mejorable, al ser evidentes las carencias, lagunas, deficiencias y contradicciones del proyecto, que impedirán que el servicio público de asistencia jurídica gratuita funcione de forma eficiente y sea accesible para los ciudadanos que lo requieran".

Además de elaborar un informe exhaustivo sobre dicho proyecto, proponiendo hasta 79 enmiendas al mismo y que ha sido remitido a varios grupos parlamentarios de la oposición, se ha elaborado un cuadríptico informativo con los aspectos más destacados de la proyectada reforma y en el que se pone de manifiesto que, con el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita "se ha perdido la oportunidad de modernizar y mejorar este servicio y de resolver determinados problemas de la actual regulación, creándose en cambio otros".

Los Jóvenes abogados defienden que el citado proyecto perjudica al ciudadano al reducir el umbral económico de acceso a la justicia gratuita para las personas no integradas en una unidad familiar; al valorar la situación económica y patrimonial no sólo del interesado sino también de los integrantes de su unidad familiar; al establecer una presunción de abuso por parte de los que soliciten tres veces al año este derecho y al suprimir la obligación de residencia o establecimiento del abogado del turno de oficio en el lugar de asistencia al beneficiario del servicio, impidiendo una atención inmediata y cercana a éste.

Asimismo, consideran que crea desigualdades al reconocer la justicia gratuita a algunos colectivos y personas jurídicas aunque cuenten con recursos suficientes para litigar.

Desde AJA recuerdan que no incluye la gratuidad de determinadas actuaciones, como la asistencia letrada previa a proceso judicial en todo caso, la asistencia a los presos condenados, la designación de profesionales para la acusación particular, la exención de cauciones, depósitos y consignaciones ni la intervención de mediador, contador partidor, administrador judicial o concursal, intérprete o traductor.

El citado anteproyecto no garantiza la financiación pública suficiente para mantener el sistema de justicia gratuita, según los Jóvenes Abogados. "En cambio, sigue vinculando las tasas judiciales a la justicia gratuita, a pesar de ser un hecho público y notorio la falta de destino de lo recaudado con aquéllas para ésta".

Desde AJA indican que esta ley no respeta ni dignifica la labor de los abogados de oficio, al no dignificar ni actualizar los baremos de retribución del servicio, acordes con la importante labor social prestada, al no garantizar el cobro de todas las actuaciones que lleve a cabo, ni que el pago por la administración sea puntual.

Además, señalan que se burocratiza en exceso el servicio, generando costes innecesarios al mantener la duplicidad en la tramitación de los expedientes, dilatando el reconocimiento a la justicia gratuita; al requerir la ratificación del beneficiario y justificación del mantenimiento del derecho para recurrir; al prever la revisión periódica de la concesión del beneficio como mínimo cada cuatro años; al imponer a los Colegios funciones de archivo y custodia y, a los abogados, obligaciones informativas y de traslado de resoluciones, cuyo incumplimiento conlleva la imposición de sanciones desproporcionadas.

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