Fue una frase vertida por la fiscal antidroga en la sesión final del macrojuicio en torno a un punto de venta de droga en Lo Campano, con extensiones hacia Brasil, que ayer concluyó en la Audiencia Provincial, en Cartagena poco antes de las cuatro de la tarde.

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Al final ha sobrado una jornada de las cinco previstas en el macrojuicio, aunque para ello tuvo que llevarse a cabo una última sesión maratoniana, que comenzó con la declaración de la última testigo y las pruebas periciales de balística y lofoscópica (huellas), además de la reproducción de algunas de las escuchas telefónicas llevadas a cabo en la denominada operación 'Bodega' por parte del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional.

Cabe recordar que esta causa contó con 27 imputados, de los que uno está en rebeldía, mientras que con 21 de los restantes se alcanzaron acuerdos antes de comenzar la primera sesión, habiéndose centrado las jornadas en debatir la culpabilidad de los 5 restantes. También afirmó que los explotadores del punto de venta de droga "mantenían en la drogadicción a sus trabajadores, de los que buena parte eran adictos", con el objetivo de tenerlos a su disposición, "mientras que ellos iban pocas veces por allí".

Tras un breve receso se entró en la fase de las conclusiones finales, comenzando la fiscal antidroga de la Región de Murcia, María Isabel Neira, con una exposición que superó la hora. Tras rechazar las peticiones de las defensas sobre vulneración de derechos fundamentales y dilaciones indebidas, se centró en las cinco personas que se han juzgado estos días.

Conclusiones de la acusación pública

De Antonio MN dijo que era un "obrero" del garito y que era falso que estuviese allí porque vivía en Lo Campano, "pues su residencia está en Los Mateos". Aseguró que estuvo al servicio de dos explotadores distintos del garito y que haya dado positivo el análisis de droga de uno de sus cabellos no lo ve "suficente para aplicar la atenuante, pues en la época de la detención sólo consumía drogas blancas, por lo que su condena nunca debe ser inferior a dos años". En principio, solicita cuatro años y medio de prisión y multa de 9.172 euros.

Para la pareja integrada por Jesús AE y Carmela pide cinco años y medio por narcotráfico y año y medio más por tenencia ilícita de armas. "Controlaban el garito ordenando los turnos, como reflejan las grabaciones de forma apabullante, pues cuando dejó dicho garito se acabaron las conversaciones con los obreros del mismo". Del hombre afirmó que no hay "un dato objetivo que avale un consumo que proclama y que es increíble" y sobre la tenencia de armas, "es clara, pues la escopeta estaba en la habitación".

Seis años es la pena que solicita la fiscal para Francisco GS, a quien considera como el siguiente explotador del garito junto a su hijo, "lo vieron allí desde que empezó a llevar el mismo, como también reflejan las escuchas; además no se le pueden aplicar atenuantes y sí la agravante de reincidencia".

El quinto es Antonio ES, supuesto proveedor de mercancias, de quien la fiscal afirma que es 'Jayo', "como también indica la Policía Nacional, para quien era objetivo antes de la operación Bodega".

Las defensas

Pasadas las dos de la tarde se inició el turno de los abogados de las defensas, siendo el primero en intervenir Pérez Avilés (defiende a Antonio ES), quien acusó a la Fiscalía de "falta de rigor" en su exposición. "Hay que tener en cuenta que 21 de los 26 acusados aceptaron penas de cárcel porque el fruto del trabajo policial fue bueno y eficaz, pero con ese mismo trabajo hay cinco ciudadanos que se negaron porque defienden su inocencia". También dijo que la fiscal es la que debe demostrar su culpabilidad y "no invertir las cargas".

Ángel Cegarra, quien representa al matrimonio acusado, rebatió a la fiscal, quien en algunos momentos dijo que en los acuerdos alcanzados con 21 de los acusados las defensas no incluyeron atenuantes. "En esos acuerdos los abogados buscamos el beneficio del cliente y no valen como prueba en el juicio oral", dijo, además de señalar que este asunto, "después de siete año, ya no tiene las cosas en blanco o en negro, sino grises". Pidió la absolución de sus clientes y de forma subsidiaria que se apliquen las atenuantes de dilaciones indebidas tras haberse juntado tres casos distintos y de drogadicción para el hombre ("un policía ha dicho que era drogadicto"). Respecto a la tenencia de armas, señaló que su cliente la recibió por herencia y que su análisis refleja que fue manipulada hacía muchos años.

Fuencisla Martín de Oliva, de Ruipérez Asociados y abogada de Francisco GS, afirmó que no era de recibo "que los beneficios de una reducción de condenas pueden conculcar hacia otros, eso no es así". Afirmó que sobre su cliente no existen pruebas que vulneren la presunción de inocencia, "no hay ni una directa y si fue alguna vez al garito era en compañía de su hijo, que iba a comprar. No apareció droga en su domicilio ni huellas suyas en el garito (pero sí de otros acusados), que en absoluto explotaba a distancia". Pidió la absolución y en su defecto, que se aplicasen dilaciones indebidas por un asunto que comenzó en 2007.

Domingo Núñez no pudo asistir a la sesión al tener otro juicio en Madrid, siendo sustituido por una compañera, quien pidió la absolución para Antonio MN.

El juicio quedó visto para sentencia en la sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena.