Cartagena de Ley ha llevado a cabo un sondeo entre profesionales y ciudadanos sobre la nueva Ley de Seguridad Privada, predominando los que la consideran "un disparate" con respecto a los que defienden su implantación.

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La Ley de Seguridad Privada salió adelante ayer en el Congreso de los Diputados con el apoyo de PP, PNV y CiU y el rechazo de PSOE e Izquierda Plural. El texto pasa ahora al Senado para su aprobación. Incluye más de setenta enmiendas al texto, destacando la enmienda relativa a las competencias de empresas de seguridad privada, que permitirá a vigilantes identificar, cachear y detener a ciudadanos en los polígonos industriales, las urbanizaciones, las zonas comerciales peatonales y los acontecimientos deportivos, culturales u otros que se desarrollen en vías o espacios públicos, con la autorización pertinente.

El Ministerio del Interior, ante el revuelo suscitado, ha sacado un comunicado para aclarar que los vigilantes de seguridad privada "sólo podrán detener a quienes cometan un delito, poniéndolo inmediatamente a disposición de las fuerzas de seguridad. Además, nunca podrán proceder a su interrogatorios ni practicar cacheos ni detenciones arbitrarias". El texto íntegro se puede conocer PINCHANDO AQUÍ

Este periódico ha llevado a cabo un sondeo en Cartagena para conocer cómo ha sentado esta Ley que nace con polémica. Un empleado de un servicio de seguridad considera "positiva la nueva ley", resaltando que todos los años "nos sometemos a cursos de reciclaje" y apuntando que ampliar la parcela de actuación redunda "en una mayor seguridad social, pues se refiere a casos como los de nuestra labor en una feria o en un complejo residencial". Otro compañero apunta que la nueva ley permitirá "una seguridad privada más eficaz en hoy en día, donde los vigilantes estamos limitados y las fuerzas públicas son escasas".

Sin embargo, la mayoría de los comentarios de las personas sondeadas por cartagenadeley.com son contrarios. "Es una barbaridad", expresa un agente de la Guardia Civil, añadiendo que si lo que quiere el Gobierno "es sustituir a policías nacionales y guardias civiles, que lo digan abiertamente; y si no es así, que aumenten la oferta pública, pues esto es una intromisión con previsibles problemas porque la formación de unos y otros es diferente. En absoluto tenemos en mala estima a los vigilantes privados, pero su formación no es la misma que la nuestra". También apunta que hay asuntos "como el de la ORA, que se puede estar aplicando de forma ilegal, pero éste es mucho más grave, pues atenta contra la libertad de las personas". Para otro agente de la Benemérita encuesta todo esto es "más que un disparate", pues no encuentra sentido "a que de la noche a la mañana un vigilante tenga la misma autoridad que un guardia civil, donde se precisan tres años de dura formación. Van a surgir muchos problemas con los ciudadanos más que soluciones, pues los que formamos parte de un servicio público no tenemos la misma percepción de las situaciones que empresas privadas que pueden llegar a moverse por intereses", augura. Por su parte, un policía nacional afirma que se ha quedado "más que sorprendido, pues es una ley que no atiende a lógica alguna".

"¿Les van a dar a los vigilantes privados categoría de autoridad pública?", se pregunta un abogado, que califica de "disparate" la nueva ley. "¿Podrán parar por la calle a un ciudadano?, ¿lo que diga un vigilante tendrá el mismo valor que el testimonio de un agente de la Policía Nacional o Guardia Civil?", se sigue preguntando, además de augurar que se multiplicarán los juicios por sus actuaciones.

Otro profesional de la abogacía califica esta Ley como de "un auténtico disparate que da a entender que van a privatizar todo. Tras la sanidad y la educación también quieren quieren privatizar la seguridad pública, pues ahora resulta que los agricultores y comerciantes, por poner unos ejemplos, pueden contratar una empresa con personal que tendrá la autoridad para detener a otras personas. Es otro capítulo en un afán por privatizar que también alcanza a la Justicia, donde potencian la mediación y el arbitraje para que la gente no vaya a la administración pública y tenga que recurrir a tribunales privados".

En lo que respecta a los ciudadanos, hay comentarios favorables, como el que señala Francisco ("Todo lo que sea reforzar la seguridad ciudadana es bueno") y Nieves ("Tener un efectivo equipo de vigilancia en un complejo residencial es tranquilidad para los vecinos"), pero más negativos. "No me parece bien que personas que sólo disponen de un graduado escolar y que no han tenido que ganarse la plaza en oposiciones tengan la misma autoridad que las fuerzas de orden público", expresa María, funcionaria de Sanidad, quien afirma: "No me hace gracia que me cachee un policía, pero lo acepto porque lo contempla la Ley, pero no consentiré que lo haga un vigilante jurado". Pedro, trabajador de un concesionario, por su parte, es tajante al afirmar que es una medida "para privatizar la seguridad" y que en el momento "en que policías y guardias civiles se sustituyan por personas sin su formación y disciplina surgirán los conflictos". Paqui, quien trabaja en una cafetería, indica que esta Ley "le da mucho poder a personas no formadas".