Una compensación por daños psicológicos de 212.000 euros y la responsabilidad penal de dos doctoras del servicio de microbiología del hospital del Rosell, del personal del servicio de laboratorio que firmó el análisis y, de forma subsidiaria, del Servicio Murciano de Salud son las reclamaciones de José Rafael Fernández, quien durante tres años ha sufrido las consecuencias de que le diagnosticasen que tenía el VIH, lo que no era cierto. La querella la lleva la abogada Ascensión Martínez Pérez (en la foto) y ha sido presentada por la procuradora María del Mar Posadas, estando pendiente de que se asigne qué juzgado de Instrucción llevará el procedimiento.

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José Rafael responsabiliza de forma muy directa a ese diagnóstico erróneo todos los problemas que ha tenido en tres años, en los que ha perdido a su familia, su trabajo e incluso amigos, llegándose a convertir en indigente, durmiendo en un coche y comiendo gracias a asociaciones benéficas, expone su letrada, Ascensión Martínez, titular del despacho MyP Abogados.

Una de las dudas que surgen en este asunto es cómo en tres años nadie se dio cuenta que no tenía SIDA, "ni nosotros nos lo explicamos, pues en ese tiempo se le practicaron hasta once analíticas, por lo que se trata de un error continuado", indica, además de aclarar que cuando le dijeron que no tenía el virus, "llevamos a cabo otro análisis para confirmar el resultado".

Ahora el asunto entra en la vía penal por el deseo de José Rafael de buscar un castigo a los causantes que impida que otras personas sufran lo mismo, además de ser resarcido en lo posible a todo lo que ha perdido por ese error, según explicó el propio interesado. La querella se ha presentado en el Decanato, donde se asignará el juzgado que llevará el asunto y que decidirá si la demanda se admite por la vía penal y civil o es un asunto sólo civil en el que se reclamaría el dinero en juzgado de Primera Instancia.

La responsabilidad penal la ha centrado la acusación en las dos doctoras del servicio de microbiología que en 2009 firmaron el parte médico que reflejaba la existencia del virus en el cuerpo de José Rafael y en el servicio de laboratorio que llevó a cabo el análisis, además del Servicio Murciano de Salud. La indemnización se ha cuantificado en 212.000 euros en base a informes elaborados por un psicólogo y un psiquiatra.